Por utilización de firmas piden que la carátula de la causa cambie a “asociación ilícita”

José Pincheira y Atilio Arrúa, dos de los tres miembros de la Comisión Fiscalizadora (síndicos) de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), presentaron un requerimiento ante la Fiscalía por la utilización de firmas sin el consentimiento de los actuantes en el balance del actual período y por “elaborar un documento en nombre de los denunciantes”. El escrito cuenta con el asesoramiento del abogado Alejandro Pschunder que los patrocina como querellantes.

En efecto, los síndicos de la CEB, Arrúa y Pincheira expresaron su total rechazo a las expresiones del Comité Ejecutivo de la Cooperativa al expresar la existencia de denuncias falsas y la suspensión de la asamblea que debía dar tratamiento al balance contable y asunción de autoridades.

Al respecto, Arrúa expresó que “no existe ningún impedimento estatutario para no realizar la asamblea ni impedimento en la ley de cooperativas. Pincheira, ante los dichos sobre las denuncias falsas, aclaró que la denuncia es real y está en el Poder Judicial, en Fiscalía, es la causa MPF-BA-0544-2023 y es una denuncia por falsedad ideológica, al utilizar firmas y elaborar un documento en nombre de los denunciantes”.

Informaron que los denunciados son Carlos Aristegui, presidente de la CEB, Jose Poggi, secretario, Pamela Najul, tesorera de la CEB y “además solicitamos sumar a los denunciados a la señor Cecilia Sandoval, vicepresidenta de la CEB, y al contador Mardones”. De esta manera, “ahora son 5 los denunciados penalmente”. Arrúa advirtió que “también se solicitó que la causa debiera pasar a ser asociación ilícita, debido a que, para realizar toda esta maniobra, debieron actuar con aprobación de todos los nombrados”.

Consideran los denunciantes que “también realizaron la advertencia de que el perjuicio de esta situación va a recaer sobre los 57 mil asociados que tendrán que pagar con sus boletas de luz el quebranto de más de 600 millones que carga la CEB en este momento”.

Todo lo actuado -definió Arrúa- fue “hecho en base a su obligación como síndico de la institución y se encuentra previsto en las funciones estatutarias. Realizamos dicho reclamo vía Consejo de Administración de la CEB y a los órganos de control provincial y nacional”.