No hubo inscriptos para las audiencias sobre el Presupuesto 2024 y la Fiscal y Tarifaria

Este miércoles 27 de diciembre, se realizarán las audiencias públicas para abordar el Presupuesto 2024 y los proyectos de modificación de las ordenanzas Fiscal y Tarifaria, ambas para el periodo próximo.

Los dos actos serán en el Concejo Deliberante. A las 17 horas será la del Presupuesto y a las 19 horas la restante. Cabe recordar, que las audiencias públicas no son vinculantes y esta es una de las principales razones por la cual todos los años tienen muy poca presencia de las y los vecinos.

Pero en esta oportunidad, casi se logra un récord. Es que ni siquiera una persona de la comunidad barilochense se presentará a opinar al respecto. La convocatoria cerró sin inscriptos, más que la defensora del Pueblo, Analía Woloszuck, quien tiene la obligación de estar presente en estos casos.

Este tipo de audiencias, siempre tiene una baja presencia, pero es la oportunidad para que la ciudadanía opine acerca de cada uno de los ítems que se pusieron a consideración. Cada persona tiene un lapso de cinco minutos para emitir sus consideraciones y si lo avisa con anticipación, podrá extenderlo a diez minutos.

El presupuesto anual que se envía al Concejo tiene la proyección de ingresos y egresos para el próximo año y la actualización de las ordenanzas Fiscal y Tarifaria, básicamente busca renovar los aumentos de las tasas para el año que está por iniciarse.

Hace algunos días, el intendente Walter Cortés envió el proyecto de ordenanza al poder legislativo, donde planifica los egresos e ingresos por $62.546.316.604. Se trata del cálculo para el ejercicio próximo, que ahora deberá ser sometido a audiencia pública y analizado por los concejales en comisiones.

Ahora, en esta nueva iniciativa que ingresó al Deliberante, el 59% de los ingresos, el gobierno espera que sean por recaudación municipal, mientras que el 35% por ingresos provinciales. Lo restante corresponde a otras jurisdicciones.

De la totalidad del presupuesto, Cortés piensa destinar un 30% a gastos de gobierno del Tribunal de Contralor, un 17% a servicios sociales, un 37,7% a servicios y obras públicas y un 5% al pago de la deuda pública.