La Izquierda rechazó las medidas "anti-piquete" que anunció Bullrich

Tras las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación al "protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", las agrupaciones de izquierda rechazaron sus anuncios y consideraron que "violan la Constitución Nacional" y son una "amenaza para el sector popular".

Tal lo expresado en el sitio informativo de Cipolletti, www.cipo360.com.ar,  Bullrich se refirió al corte del puente carretero entre una ciudad rionegrina y la capital neuquina.

En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, y el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el "derecho a la protesta" y señalaron que la ministra de Seguridad "no tiene facultad legal" para impedirlo.

Conferencia de prensa del @PartidoObrero y el Polo Obrero frente a las medidas anunciadas por la ministra de seguridad.https://t.co/A8sUPOxZr7 pic.twitter.com/yQc0GPe1Zk

— Gabriel Solano (@Solanopo) December 14, 2023

"Bullrich no pasó por el Congreso y por tanto está atropellando la legislación vigente. La ministra se colocó en la ilegalidad, violando la constitución nacional", sostuvo el legislador porteño Gabriel Solano.

Solano añadió que el ministro de Economía , Luis "Toto" Caputo, primero anunció "un plan de guerra contra el pueblo" el martes pasado que, dijo, incluyó "devaluación significativa, aumento de la nafta del 80%, despidos de empleados públicos y amenaza nueva de quitar la movilidad jubilatoria".

Y consideró a las medidas de Bullrich como un "complemento" de los anuncios de Caputo y una "amenaza" para los sectores populares.

En sintonía con ese planteo, Belliboni argumentó que el artículo 194 del Código Penal, al que hizo referencia Bullrich durante su conferencia de prensa, "solamente lo puede aplicar un juez".

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".