Impunidad: por un allanamiento ilegal de la fiscalía no avanzará investigación por el asesinato de un bebé recién nacido

La Corte Suprema de justicia de la Nación rechazó los recursos de queja que habían intentado la fiscalía y la defensa y con ello cerró definitivamente las instancias recursivas en el marco de la causa seguida contra Macarena Llanquín, a quien acusaron de haber asesinado a su bebé recién nacido, en el marco de un parto que se produjo en la habitación de la joven.

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El cuerpo del bebé, con diversas puñaladas y las vías aéreas obstruidas con algodón, fue encontrado oculto en el fondo de un placard, dentro de una bolsa y envuelto en sábanas y ropa. Pero el hallazgo se produjo en el marco de un allanamiento ilegal que encabezó el Ministerio Público Fiscal, al mando de la fiscala Betiana Cendón. La justicia rionegrina había determinado que ante la nulidad del allanamiento, la fiscalía no tenía elementos para sostener la acusación. La Corte rechazó los planteos de la fiscalía y confirmó todo.

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La causa seguida contra la joven espera hace largo tiempo la resolución final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión de rechazar los planteos presentados, determinó que el proceso no podrá avanzar.

Es que la Fiscalía buscaba un pronunciamiento que le permita sostener la acusación contra la joven de haber asesinado a su bebé apenas después de dar a luz. Todo está relacionado al permiso de ingreso a la vivienda en la que se hallaron vitales elementos probatorios para sostener la teoría acusatoria y otras circunstancias posteriores. Pero la Corte ratificó que el procedimiento judicial inicial, que encabezó Betiana Cendón, es inválido. En consecuencia, todos los elementos colectados en el mismo no pueden ser utilizados en el proceso porque está viciado de nulidad. Como derivación de ello, debe suprimirse el hallazgo de un cuerpo mutilado, las manchas de sangre y la ropa manchada con sangre, por toda la habitación. Los restos de placenta y cordón umbilical hallados en la basura y varios elementos más, sin los cuales la fiscalía no tiene elementos para sostener que Macarena Llanquín asesinó a su bebé.

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En apretada síntesis puede describirse que el caso surgió a partir de la presentación de la joven, con claros indicios de haber atravesado un parto reciente, en el Hospital Zonal, en mayo de 2019. Desde entonces se sucedieron un sinfín de audiencias y de apelaciones, sin que siquiera el caso haya superado la primera de las etapas del proceso: la formulación de cargos.

La fiscala Betiana Cendón formuló una acusación por homicidio agravado a la joven, acusándola de haber asesinado a su bebé apenas después del alumbramiento. Pero su acusación no superó el control de la jueza de Garantías Romina Martini, quien consideró que los dos allanamientos al domicilio de la joven habían sido ilegales, como así también un interrogatorio policial que le realizaron a la muchacha mientras permanecía internada en el hospital. Al hacerlo excluyó los elementos probatorios colectados a partir de esas circunstancias y rechazó la formulación de cargos.

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Luego, en proceso de revisión, el juez Bernardo Campana, tras desarrollar varias audiencias con la convocatoria de numerosos testigos, revocó la resolución de su colega señalando que había sido tomada al partir de un error de interpretación involuntario de la jueza, que no tuvo a su disposición todo el material probatorio que él sí pudo analizar. Así, le dio el aval a la Fiscalía para que avanzara en la acusación.

Sin embargo, un nuevo planteo defensivo llevó el caso ante el Tribunal de Impugnación de la provincia, que en duros términos se expidió dándole la razón al defensor oficial Marcos Cicciarello y cuestionando el accionar de la Fiscalía.

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Más adelante, el mismo Tribunal de Impugnación rechazó un recurso extraordinario presentado esta vez por el fiscal jefe Martín Lozada y la fiscala Betiana Cendón, ratificó su postura impidiendo el avance del caso a partir de las irregularidades cometidas en la primera instancia del proceso y volvió a cargar las tintas sobre el accionar fiscal.

No conforme con el resultado obtenido, los fiscales acudieron al máximo tribunal de la provincia, que ratificó lo resuelto en la instancia de Impugnación. Luego la Fiscalía intentó un recurso extraordinario federal, con la intención de darle intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el STJ cerró la puerta. Así el caso llegó con el recurso de queja, ante la Corte.

Aquel pronunciamiento del STJ se dio en septiembre de 2020 y pocas semanas después, los recursos de queja ingresaron ante la Corte Suprema. La Corte tardó tres años en expedirse.