La Asociación Civil Árbol de Pie envió una nota al Concejo Municipal, donde expresa que hacen valer el derecho consitutcional respecto de que las autoridades deben preservar el patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, entre otros puntos.

También mencionan que en 2002, se promulgó la Ley General del Ambiente, declarando al ambiente como bien jurídicamente protegido.

En ese marco, sostienen que “en la segunda audiencia pública convocada para dar tratamiento al convenio de prórroga de concesión y ejecución de obras en el cerro Campanario, realizada el 3 de julio pasado, el Concejo Municipal, como órgano legislativo del estado, ha violentado los preceptos fundamentales de nuestra Constitución Nacional y de las leyes ambientales y de libre acceso a la información, ambas de rango constitucional”.

Consideran que los ediles cometieron esto “al proceder a dar tratamiento a una prórroga de concesión del cerro Campanario que incluye un proyecto de forma totalmente irregular, que potencialmente generaría un grave perjuicio para el Estado Municipal o bien que, obligadamente, se terminaría aprobando una obra totalmente violatoria de las normativas, en perjuicio del bien jurídicamente protegido, según lo establece la Ley 25675, a la cual adhiere la Carta Orgánica en su artículo 177”.

Se agrega desde Árbol de Pie que, por lo tanto, “la audiencia pública del pasado 3 de julio estaría viciada de nulidad absoluta. Llegados a esta instancia, queda de manifiesto que lo expuesto certifica que nuestros argumentos están totalmente fundados”.

“Por lo tanto, solicitamos se abstengan de proseguir con el tratamiento en ese Concejo, de la mencionada prórroga de concesión y ejecución de obras en cerro Campanario y se proceda a convocar como corresponde, a la comisión mixta de la Reserva Natural Urbana El Trébol, para iniciar de manera legítima la discusión del proyecto”, pidieron los vecinos.

Entienden que en ese contexto, “debe incluirse el tratamiento de todos los puntos denunciados reiteradamente por vecinos de las RNU, ONG y representantes del Consejo de Planificación Estratégica, como así también la presentación en tiempo y forma, del correspondiente estudio de impacto ambiental establecido por la Ley Provincial 3266, que incluya el tratamiento de efluentes propuesto y la disposición final de los mismos” y el “cumplimiento de lo requerido en el informe del DPA de fecha 16 de agosto pasado, ya ingresado en ese Concejo”.