Detalles de la presentación en Parques Nacionales para que anulen el acuerdo por Mascardi

La Asociación Vecinal Lago Mascardi –tal el nombre real que tiene la que comúnmente se denomina junta vecinal de Villa Mascardi– realizó una presentación el viernes 16 de junio ante la Administración de Parques Nacionales (APN) para se declare la nulidad del acuerdo de la mesa de diálogo entre funcionarios nacionales y referentes mapuches en relación al conflicto en el paraje, como así también se suspendan sus efectos y que la entidad estatal se abstenga de ratificar u homologar el texto rubricado. Ahora trascendieron los detalles de lo solicitado por los vecinos.

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En la nota, dirigida al presidente del Directorio de la APN, Federico Granato, quienes realizan el reclamo se presentan como “propietarios de inmuebles en Villa Mascardi” e integrantes de la agrupación vecinal (la nota lleva la firma de varios ellos y es encabezada por su titular, Diego Frutos).

“Somos damnificados por el accionar ilícito de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, dado que hemos sufrido daños a nuestra integridad física y a nuestras propiedades, amenazas, intimidaciones, lesiones, robos, hurtos, estragos, incendios, restricciones a la libertad de tránsito, circulación y, principalmente, un quiebre total en la convivencia pacífica del lugar”, se lee.

De esa manera, consideran: “La sola existencia del acuerdo que aquí se impugna nos habilita como parte interesada a plantear defensas e introducir las acciones pertinentes en defensa de nuestros derechos a ser reparados económica y moralmente por los daños sufridos, obtener justicia en el denominado ‘conflicto del Mascardi’ (por medio del juicio y castigo a los responsables penales de los delitos) y que el Parque Nacional Nahuel Huapi siga conservando el uso y goce pleno de todos los visitantes y habitantes de la República Argentina”.

“Venimos a solicitar al Directorio de la Administración de Parques Nacionales que declare la nulidad del 'acuerdo’ o 'acta compromiso’ suscripta el 1° de junio del 2023 en la sede de la ESMA en el marco del tercer encuentro de la denominada ‘Mesa de diálogo’”, especifican los firmantes, para luego añadir: “Consecuentemente, solicitamos que se ordene la inmediata suspensión de todos los efectos del acuerdo, y requerimos al honorable Directorio de la APN que se abstenga de ratificar u homologar la validez de dicho acuerdo”.

“Asimismo venimos a hacer reserva de, para el hipotético caso de no hacer lugar a nuestro pedido de nulidad, iniciar las acciones contencioso-administrativas que sean correspondientes y las denuncias penales pertinentes ante la justicia competente”, anuncian quienes tienen propiedades en el paraje.

Al referirse al pacto de funcionarios nacionales y referentes indígenas,  se advierte que “fueron parte del acuerdo de la denominada ‘mesa de diálogo’ todas las partes del conflicto menos la Asociación Vecinal Lago Mascardi y los vecinos que la integran, quienes no fueron convocados ni invitados”.

Luego se enumeran los compromisos asumidos en aquella instancia. “Merced a este acuerdo, la APN se comprometió a llevar adelante al menos ocho acciones a favor de la Lafken Winkul Mapu y de sus integrantes en zona estricta del área protegida, desafectando el uso y goce público del parque nacional –en general– para afectar al uso particular de –en su conjunto– personas procesadas en innumerables causas penales por delitos cometidos en Villa Mascardi”, expone la presentación, donde los vecinos también señalan: “Es completamente absurdo e ilegítimo que se comprometan recursos estatales para, desconociendo la realidad y los procesos penales en trámite, privilegiar a ciertas personas sin ninguna justificación legal”.

De tal manera, afirman: “Permitir que una persona, invocando el supuesto carácter de ‘machi’ y en virtud de designios mesiánicos y espíritus ancestrales, pueda permanecer en inmuebles administrados por la APN y de titularidad estatal venerando como sitio sagrado un ‘rewe’ –que fue construido en el marco de flagrantes y evidentes usurpaciones– es una afrenta a toda lógica”.

Así, sostienen que “convalidar, ratificar, homologar, ejecutar o implementar el acuerdo violenta flagrantemente las bases del Estado de derecho, entendido como el escenario indispensable para una pacífica vida en sociedad”.

Para quienes rubrican la presentación, con el acuerdo “la APN ha ‘premiado’ a los responsables de una innumerable cantidad de hechos violentos y causas penales a gozar de una serie de beneficios económicos, legales, políticos, etcétera, asumiendo el carácter de parte del conflicto; dando por escrito un compromiso de ayudarlos a eludir el juicio oral y público, a partir de un acuerdo en el que no solamente no asumen ninguna responsabilidad ni ofrecen reparar los gravísimos daños que ocasionaron, sino que además se les otorga el derecho de permanecer y usar una parte del territorio despojado, el derecho a la construcción de sus casas y, a la vez, recibir otras tierras del dominio público saltándose todos los pasos legales que a esos mismos fines vienen cumpliendo la inmensa mayoría de las comunidades indígenas de manera pacífica y respetando los derechos de terceros”.

Así, manifiestan que se “viola el sagrado principio de legalidad” y aseveran que no solo se lesiona el derecho de quienes integran la junta vecinal "a obtener una justa reparación por los daños sufridos y a obtener un pronunciamiento razonable en la Justicia penal”, sino que “se afecta el interés general de todos los visitantes del parque al restringir arbitraria y antojadizamente el derecho de gozar y usar plenamente la totalidad del área protegida”.

“Lo peor es que sienta un precedente de ilegalidad muy grave y peligroso, por cuanto intenta consolidad conductas irregulares de funcionarios públicos de alto rango que, a sabiendas, omiten deliberadamente dar cumplimiento a los deberes que tienen a su cargo conforme lo estipulado, entre otras, en la ley de Parques Nacionales”, afirman, para proseguir: “El acuerdo pareciera convalidar la utilización de las vías de hecho –mediante violencia, amenaza e intimidación– como un mecanismo válido para intentar hacer valer –entre otros– poderes sin observar ni hacer respetar la ley ni la Constitución Nacional”.

“En síntesis, el acuerdo tiene por fin premiar al delincuente en perjuicio de los derechos de los vecinos damnificados”, expresan.

De esa forma, solicitan que “se declare la nulidad del acuerdo”, sosteniendo que “vulnera normas básicas del ordenamiento jurídico argentino”.

En tal sentido, señalan que “hablar de ‘acuerdo’ sin incluir a los damnificados no es más que poner de relieve una falacia”.

“Resulta inexplicable que el Estado nacional no haya citado ni dado intervención a los vecinos de Villa Mascardi y a la provincia de Río Negro, que es otro actor clave en este conflicto”, protestan.

Por parte, indican que el presidente de la APN, Federido Granato, obró “excediéndose en las competencias asignadas por la ley”. En ese punto, amplían: “Es innegable que el señor Granato, como lo sería cualquier otro funcionario público, no tiene ninguna competencia legal para reconocer como sitio sagrado a la ‘talla antropomorfa’ fruto del delito mencionado en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi; a Betiana Colhuan como persona con algún tipo de privilegio y don y para que esta pueda ejercer tareas espirituales y medicinales, comprometiendo para ello recursos del Estado (es decir, de todos los contribuyentes) a estos fines ilícitos”.

“Mal pudo comprometer el patrimonio público del Estado nacional por cuanto dicha facultad –de mínima– es atribución del presidente de la Nación y –de máxima– del Congreso de la Nación, mediante la desafectación del área correspondiente”, añaden.

Asimismo, se considera que “quien sí podría tener competencia para otorgar permisos de uso precario y gratuito de inmuebles del Estado nacional es el AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), a quien deliberadamente no se le dio intervención y/o participación alguna en este irregular procedimiento”, opinan.

A la vez, aseveran: “El acuerdo es de nulidad absoluta porque carece de causa, dado que no se funda en ningún acto administrativo previo que dé circunstancias de hecho y de derecho que motiven el mismo”.

Los firmantes dicen desconocer quiénes suscribieron el acuerdo en representación del pueblo mapuche-tehuelche, así como si realmente tienen representatividad. “Por ello resulta inverosímil que tengan facultades para representar a una ‘comunidad’ que no cuenta con inscripción formal, como lo es la Lafken Winkul Mapu, y que sus miembros son parte de otra comunidad (la ‘lof Colhuan Nahuel’) con asiento en Virgen Misionera”, expresan.

Ante lo expuesto, afirman que lo firmado con el Gobierno “deviene a todas luces improcedente e ilegal”.

Además, recuerdan que la ley “impide celebrar acuerdos respecto de delitos cometidos con grave violencia sobre las personas, y las distintas causas seguidas contra los integrantes de la Lafken Winkul Mapu revelan no solo que el medio comisivo de las usurpaciones propiamente dichas que se les atribuyen ha sido precisamente la violencia, sino que además se los investiga por agresiones y amenazas a particulares, ataques con armas de fuego, bombas molotov y piedras a autoridades policiales y judiciales (incluso a la propia gobernadora provincial), e incendios y/o destrucción de construcciones privadas y puestos policiales”.

“La conciliación penal no es una vía de escape del imputado a su responsabilidad, no es un ámbito para satisfacer sus exigencias y no admite que sea utilizada como una instancia extorsiva en contra de la víctima”, aseveran los vecinos, quienes detallan que se reservan el derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “por la violación de derechos y garantías constitucionales”.