Trabajadores del Parque Nacional Nahuel Huapi se reunieron en la Intendencia del área protegida con el fin de marcar una posición frente al acuerdo que funcionarios gubernamentales firmaron con representantes mapuches en relación al conflicto de Villa Mascardi.

Cabe recordar que, en ese pacto, quedó asentado que la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan, perteneciente a la Lafken Winkul Mapu, podrá retornar al predio del que la lof fue desalojada en octubre de 2022. Además, en aquel texto, se plasmó el compromiso estatal de reubicar a los demás integrantes de la comunidad en otra zona del parque nacional.

De esa manera, por un lado, los trabajadores autoconvocados solicitaron que les garanticen “medidas de seguridad”, teniendo en cuenta “los antecedentes de violencia”, sufridos tanto por empleados como por visitantes.

Además, se detalló que “la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi ha sido vandalizada en los últimos días en el marco de esta problemática”, y fueron directos al afirmar: “Nos manifestamos en absoluto desacuerdo con la forma en la que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos –INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)– se comprometió a reconocer y otorgar permiso del uso de tierras del área protegida a un grupo de personas que en forma espontánea ocupó y ejerció poder en el territorio a lo largo de cinco años, impidiendo la circulación, fiscalización y atentando contra la integridad de los trabajadores, sus familias, visitantes, residentes y el ambiente”.

Se recalcó que, a pesar de eso, el Estado “se comprometió al uso de la tierra y la instalación de tres viviendas, validando la violencia como forma de reivindicación territorial”.

“Manifestamos nuestra preocupación en la forma en que este reclamo fue abordado, fijando un precedente sobre el otorgamiento de uso de un territorio de forma violenta e ilegítima a personas que se imponen vulnerando los procedimientos legales y normativos, incluso los requerimientos que la Ley 26160 prevé”, expusieron quienes dejaron asentadas las inquietudes en un acta.

“Esta decisión atenta contra el correcto desempeño de las funciones como trabajadores, exponiéndonos ante el resto de la sociedad que debe cumplir con las normas”, añadieron, a la vez que instaron a continuar con “los procedimientos legales llevados adelante por la Justicia”.

Así, los trabajadores solicitaron: “Se desestime por parte del Ejecutivo y de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) cualquier posibilidad de reubicación de este grupo en otros territorios del parque nacional”.

Asimismo, se requirió que el presidente de la APN, Federico Granato, “se presente de forma urgente” para dialogar con ellos.

Más allá de esto, para que quede claro que lo indicado no apunta contra los pueblos originarios, expusieron: “Hace años trabajamos en el marco del comanejo con las comunidades mapuches del área protegida de forma conjunta y atendiendo las necesidades de ambas partes”.