Desde la Multisectorial contra le Represión, junto a diversas organizaciones, convocaron a reunirse el jueves a las 11 en San Martín y Morales, donde se ubica la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, en reclamo de la libertad de las integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu que, tras el desalojo de Villa Mascardi en octubre de 2022, permanecen con prisión domiciliaria, como así también en pedido de que se entreguen tierras a esa comunidad.

La elección de la fecha no es casual. Ese día está previsto que representantes gubernamentales rubriquen un pacto con referentes mapuches que, justamente, implicaría que la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan –una de las privadas de su libertad– regresara con su familia al rewe (lugar sagrado), ubicado en el paraje, como así también la cesión de tierras a la lof en la zona de lago Guillelmo. 

La Multisectorial contra la Represión emitió un comunicado, que incluye la firma de referentes de numerosas agrupaciones sociales, gremiales y políticas, con el fin de que el Gobierno nacional, a través de los funcionarios que intervienen en la mesa de diálogo por el conflicto del paraje, asuma “el compromiso y la responsabilidad política de convocar a la reunión programada el 1° de junio a fin de concretar la firma del acuerdo con las comunidades mapuche”.

En el texto se lee: “Recordamos que esta reunión ya ha sido tres veces pospuesta por el Gobierno”. Así, los firmantes remarcan la situación en la que se encuentran cuatro mujeres de la comunidad junto a sus hijos: “Hace ocho meses que las lagmien (hermanas) están arbitrariamente detenidas junto a sus pichikeche (niños) por una causa que es excarcelable y por la que no han sido condenadas”.

En tal sentido, se considera que esas personas son “presas políticas de un Gobierno nacional que expresa querer dialogar pero que, en la realidad, lo que ha hecho hasta ahora es dilatar los tiempos incumpliendo los acuerdos establecidos en la llamada ‘mesa de diálogo’”.

A la vez, apuntan contra lo que denominan “un sistema jurídico racista que, fiel a los intereses de los poderosos que defiende, rechaza una y otra vez los pedidos de excarcelación presentados por la defensa, extendiendo la resolución de la causa indefinidamente”.

Además, protestan contra la presencia del Comando Unificado, conjunto de fuerzas del Estado que realizó el desalojo y permanece en la zona.

Asimismo, en referencia a las detenidas, indican que “desde el 4 de octubre las lagmien han debido soportar torturas, traslados compulsivos, estando incluso en un momento en calidad de desaparecidas”. 

Por otra parte, aluden a los “integrantes de la lof en clandestinidad”, afirmando que esa situación se da por “el legítimo derecho a recuperar identidad y territorio ancestralmente mapuche”.

“No hay democracia posible si no se reconocen y respetan las diversas expresiones del pueblo mapuche”, sostienen en el comunicado, indicando que los indígenas “se erigen como custodios de esta tierra y de los seres que en ella habitan”.

“Eso implica defender la vida, el lawen (medicina), el agua y los recursos necesarios para sanar las heridas que este sistema capitalista nos causa (corporizado en distintas gestiones de gobiernos racista)”, manifiestan, a la vez que aseveran: "No se puede hablar de derechos humanos si no se respeta ni cuida la soberanía y libre autodeterminación de los pueblos que la cuidan y valoran".