Se conocieron detalles de lo acordado en relación al conflicto de Villa Mascardi entre funcionarios nacionales y referentes mapuches el viernes 10 de febrero en Bariloche, es decir, aquello que iba a rubricarse en Buenos Aires el martes 9 de mayo, lo que no sucedió porque el Gobierno decidió posponer la reunión.

En un acta de aquella jornada barilochense de tres meses atrás, se indica que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, tras dar inicio al encuentro –el segundo de una mesa de diálogo–, informó que la Justicia federal había suspendido por noventa días la audiencia de debate del juicio oral a la espera del resultado que emergiera de ese espacio.

Luego, según se expone, Pietragalla dio a conocer “la posibilidad de que el Estado acepte el resguardo de la erección del rewe como espacio sagrado, la propuesta de diez hectáreas para la relocalización de la Lof Lafken Winkul Mapu y el informe técnico presentado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a las partes que fundamenta el rewe como parte del sistema de salud tradicional mapuche”.

En tal sentido, la representación indígena manifestó “su rechazo a las diez hectáreas de tierras por considerar insuficientes para el desarrollo de la comunidad”, y expuso “su conformidad en relación al informe técnico sobre la machi y el rewe presentado por el INAI”.

A su vez, la Administración de Parques Nacionales señaló “la necesidad de requerir un informe ampliatorio que dote de mayor contenido y sustento jurídico sobre la constitución del rewe”. 

Ante una pregunta por parte de los referentes de pueblos originarios acerca del régimen jurídico aplicable a la cesión de tierras, los representantes gubernamentales aclararon “que respecto del rewe sería un reconocimiento como lugar sagrado para el pueblo mapuche con autorización de ocupación limitada a la machi, su familia inmediata y colaboradores/as”. En cuanto a la cesión de tierras para la lof, “sería a título comunitario previa inscripción de su personería jurídica en el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas)”. 

Los indígenas les explicaron a los representantes del Estado Nacional que el linaje de la machi proviene de su pertenencia a la comunidad Lafken Winkul Mapu, “tal como lo describe el informe realizado por el INAI”, por lo que el régimen jurídico debería “adecuarse a esta realidad”.

Además, añadieron, precisamente, “que esas tierras deberán entregarse en un marco legal y jurídico, a la machi o la comunidad”. 

Tras un intenso debate entre las partes, se llamó a un cuarto intermedio.

Al regreso, tras analizar los planteos, se acordaron cuatro puntos.

El primero apuntó al compromiso del Estado “a reconocer el rewe como lugar sagrado para el pueblo mapuche”. Asimismo, para que la machi Betiana Colhuan retorne a ese sitio, la Administración de Parques Nacionales indicó que autorizaría que allí se construyeran tres viviendas: “la ruka Lawen (espacio donde pernoctarán los pacientes y estarían a resguardo todos los elementos de uso para la medicina tradicional mapuche), la ruka Kellun (donde viven los colaboradores de la machi) y la ruka de la machi, donde vivirá ella y su familia”.

Se dejó constancia que, hasta resolver en qué calidad sería la entrega de esas tierras, “el régimen jurídico que rija la ocupación y eventualmente la cesión del lote identificado catastralmente como 19-7-A-011-14-0, ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, será consensuado entre las partes”.

Otra cuestión que se fijó fue que la Lafken Winkul Mapu aceptaba ser reubicada “en inmediaciones del lago Guillelmo, previa constatación del lugar ofrecido (según artículo 75, inciso 17)”.

De esa manera, se explicitó que, “en un plazo de diez días”, la Administración de Parques Nacionales haría llegar “la propuesta de la extensión y ubicación de la tierra, así como también el marco jurídico en el que se otorgarían dicho territorio”. 

La tercera cuestión dejaba en claro que la comunidad daría “inicio del trámite de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.

Incluso se expresó que el Poder Ejecutivo Nacional habilitaría en la zona “oficinas de distintas agencias gubernamentales –Secretaría de Derechos Humanos, Centro de Acceso de Justicia, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ministerio de Seguridad, etc)”. 

Ante ese último tema, la representación indígena solicitó “que efectivos de fuerzas de seguridad no se sitúen en los terrenos lindantes al rewe ni a ninguna parte de la comunidad”.

El acta culmina informando: “Se fija como fecha probable de una nueva reunión el lunes 24 de febrero del corriente año 2023”.

Ese encuentro nunca se concretó, y cuando parecía, de acuerdo a lo notificado a la comisión representativa de pueblos originarios que interviene en la mesa de diálogo, que la reunión iba a efectuarse esta semana –ya para la firma del acuerdo–, se postergó, en principio, para el 1° de junio.