Un jurado integrado por doce ciudadanos será el responsable de imponer una solución final del caso seguido contra Fernando Álves Ferreira, quien dijo autopercibirse como Amanda, procurando así evitar uno de los agravantes del homicidio que le atribuyen: el de femicidio. No será la única cuestión a discutir, pues la defensa tiene una batería de aspectos sobre los que basará su estrategia, buscando rebatir la acusación fiscal.

Para la fiscalía, Alves Ferreira es el responsable del hecho ocurrido el 16 de febrero del año pasado en uno de los senderos que conducen al lago Escondido, ubicado en pleno Circuito Chico, uno de los recorridos turísticos más transitados de la región. 

Según la acusación trasladó a la víctima en su automóvil y tras arribar al lugar la ejecutó mediante varios disparos de arma de fuego y abandonó la escena. En pocas horas fue detenido y la investigación en su contra fue formalizada, con la particularidad de que pidió la palabra e inmediatamente se declaró culpable, contrariando el consejo de sus abogados que le reclamaban que mantenga el silencio.

Los fiscales Martín Lozada y Gerardo Miranda pidieron la realización de un juicio por jurados populares, acusado por el delito de homicidio triplemente calificado, por alevosía, por femicidio y por mediar el empleo de un arma de fuego y portación de arma sin autorización legal, y el juez Juan Martín Arroyo hizo lugar a las peticiones, habilitando de ese modo que el caso llegue a la etapa final del proceso.

Pero el defensor oficial Nelson Vigueras, que tomó el patrocinio del acusado tiempo atrás, planteó una férrea posición defensiva y prepara una batería de cuestiones para intentar mejorar la situación de su asistido.

La primera de ellas fue planteada por el propio Alves Ferreira en la última audiencia desarrollada semanas atrás, cuando señaló que se autopercibía mujer y expresó su deseo de ser llamada Amanda. Las siguientes apuntan a destruir el carácter de alevoso que la fiscalía le imprimió al crimen y además, según deslizó la defensa en las audiencias, intentarán ratificar con profesionales de la salud que el estado mental de Alves Ferreira al momento de los hechos, le impedía controlar sus acciones o comprender la criminalidad de sus actos, por lo que intentarán introducir un estado de inimputabilidad.

El juez Juan Martín Arroyo, resolvió que las diferentes miradas del caso que tienen las partes, se resuelvan justamente en la etapa de juicio, donde un jurado popular tendrá la última palabra.