La jueza González Vitale resolverá mañana si acepta o desestima el requerimiento fiscal. Tortoriello dijo no saber el motivo de la causa.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió formular cargos  por presunta administración fraudulenta y peculado contra Abel Baratti y el diputado nacional Aníbal Tortoriello (Cambia Río Negro) a raíz de supuestos sobrepagos en la construcción de 404 Viviendas del Programa Techo Digno en Cipolletti y desviación de fondos del Banco de la Nación (BNA) a cuentas del municipio para otros fines.

El caso tiene su origen de cuando ambos se desempeñaban al frente de la comuna, y a criterio del MPF, concretaron maniobras fraudulentas, de acuerdo a la visión expresada por el  fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, quien estuvo secundado por Eugenia Vallejos y Natalia Poblete del Ministerio Público Fiscal del Cipolletti. Sostuvieron que ambos jefes comunales trasladaron parte de los montos a cuentas de bancos privados.

Vallejos se ocupó de ofrecer en forma pública un detalle de los millonarios pagos parciales que se hacían a las empresas con montos superiores al nivel de certificación real, y que en la opinión de la parte acusatoria, se producía un desfasaje entre lo abonado y ejecutado.

En el curso de la audiencia, los abogados Gustavo Palmieri y Sebastián Perazolli por Tortoriello, y Juan Pablo Piombo en representación de Baratti; rechazaron las acusaciones en virtud de que “las casas se hicieron, y se devolvieron (a la Nación) remanentes”.

Esta reunión judicial que se extendió por cuatro horas, focalizada en las construcciones de Cipolletti, es un desprendimiento de una investigación federal a partir de una denuncia presentada el 26 de abril de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri (Pro-Cambiemos), del mismo signo político que Tortoriello.

Participaron también los titulares de las empresas Zoppi, Zigma, Mocciola y Eca, y sus respectivos abogados defensores, quienes se sumaron al rechazo de las acusaciones negando que los contratistas hayan recibido sumas de más y en forma insistente señalaron que “no hubo perjuicios contra el Estado” solicitando la anulación de la formulación de cargos porque las casas están hechas.

Estas posiciones generaron un contrapunto y respuestas efusivas por parte de Márquez Gauna quien advirtió que los acusados tanto ex intendentes como empresarios –por intermedio de sus abogados- “no quieren ir a juicio oral y público” argumentando que “no se ha producido ni una sola evidencia porque deben venir desde las fuentes” y dirigiéndose a los letrados defensores “traigan a sus testigos, y acá (desde el punto de vista político) no hay fantasmas”.

Tras el extenso debate, y alegando razones particulares, la jueza de Garantías Laura González Vitale, dispuso que la resolución sobre si acepta la imputación o bien rechaza, se conocerá mañana a primera hora en el ámbito de la justicia rionegrina

Declaración

Mientras Baratti (gestión 2011-2015) decidió no ahondar en detalles sobre las acusaciones, sí hizo uso de la palabra a última hora el diputado nacional y ex candidato a gobernador por Cambia Río Negro. Aníbal Tortoriello (2015-2019), luego de hacer algunas formulaciones técnicas sobre el costo y los pagos, recordó que las obras pasaron al Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), y que ni bien asumió como intendente en 2015 estuvo reunido con Rogelio Frigerio, por entonces ministro del Interior de la presidencia de Mauricio Macri.

En esa oportunidad, sostuvo que el titular de la cartera política hizo referencia al envío de fondos a numerosos municipios dentro de este programa, y que no se habían ejecutado las obras, y por lo tanto “le propuse que se envíe todo a la Justicia, es decir que fui el autor de esa iniciativa”.

En cuanto a la mencionada causa en que está involucrado, aclaró que “no le encuentro ningún sentido investigar (en este caso), y no sé cuál es el motivo de generar esta causa”.