Frente al comunicado enviado por la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, dando cuenta de amenazas a una comunidad indígena en la zona de Alto Río Chubut, en el departamento de Ñorquinco, al ser consultado sobre el tema, el werken (vocero) de la organización indígena, Orlando Carriqueo, calificó lo que sucede en aquel sitio como “una manera de extranjerizar la tierra”.

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Cabe mencionar que, en el texto dado a conocer, se había indicado que, en el lugar en cuestión, la comunidad Ancalao, “asentada en el territorio desde 1884”, ante situaciones que proyectaban un pronto avance de una estancia vecina, decidió ejercer “su derecho de posesión” vinculado a la ancestralidad mapuche.

Carriqueo sostuvo que esas son consideradas tierras fiscales, ubicadas fuera del perímetro de la estancia (la que, afirmó, pertenece a capitales extranjeros provenientes de Emiratos Árabes). “Es un territorio que la comunidad viene reclamando”, explicó el werken.

Debido a la llegada de trabajadores que comenzaron a hacer una construcción, los integrantes de Ancalao se pusieron en alerta.

“Hay una situación tensa y el gobierno está al tanto de lo que allí sucede”, dijo Carriqueo.

El referente indígena cree que, desde el Estado, “seguramente se ha vendido o entregado parte del territorio para que se asiente gente en el lugar”.

“Es una manera de extranjerizar la tierra: ponen a un testaferro que después se lo ‘vende’ a la 'empresa’, a la estancia”, expuso.

Así, el representante indígena manifestó que, en ese sitio, “la obra continúa, y la idea parece ser terminarla rápidamente para que ingresen personas, cosa que hará más compleja la situación”.

Carriqueo mencionó que una de las caras visibles del entramado es un administrador de aquella hacienda que suele trabajar para extranjeros que llegan a la zona, un hombre perteneciente a la Sociedad Rural de Bariloche, quien, junto a un capataz, según lo expresado por el werken, habría amenazado a integrantes de la comunidad Ancalao.

El vocero mapuche expuso que, en esta cuestión, existen denuncias cruzadas, ya que tanto desde la comunidad y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI) por un lado, como desde la propia estancia por el otro, han recurrido a la Justicia por el tema.

Carriqueo, ante eso, aclaró que el territorio en conflicto “está fuera del perímetro de la estancia” y manifestó que, hasta hace poco, desde el Estado, se hablaba de “expedientes perdidos” que tenían que ver con el lugar.

“Ante la insistencia mapuche, la semana pasada se acordó una inspección de la Dirección de Tierras, que constató las casas que se están construyendo”, indicó el werken, quien, asimismo, informó que “la comunidad decidió quedarse en el territorio porque no puede permitir que se termine la edificación”.