Los apoderados de los amparistas en la causa Lago Escondido, en representación de Magdalena Odarda, pidieron hoy la renuncia de la ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia, Betiana Minor, y del jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería, al atribuirles omisiones en el cumplimiento de sus responsabilidades como funcionarios, “a los efectos de evitar los ataques efectuados por un grupo de personas, quienes estarían vinculadas al magnate Joseph Lewis, contra distintas personas que se manifestaban pacíficamente por el cumplimiento del art. 73 de la Constitución Provincial que garantiza el libre acceso a todos los espejos de agua de la provincia y el cumplimiento de los fallos judiciales”.

Según apuntaron, “las agresiones a los manifestantes terminaron con personas hospitalizadas, y los hechos se dieron en el camino de Tacuifí, afectado al uso público desde hace 9 años por el juez Carlos Cuellar y ratificado por sentencia de septiembre del año 2022”.

Agregaron que “más allá de la responsabilidad directa en los hechos que corresponde al empleador de los trabajadores del empresario inglés, existen responsabilidades políticas e institucionales”.

En el escrito aseguraron que “Lewis construyó su mansión sobre el camino de Tacuifí en complicidad de funcionarios de Río Negro, que lo permitieron luego de 1996, además de hacerse de los últimos 3 kilómetros del camino vecinal de Tacuifí para usarlo como parte de su 'camino privado'. Dicho camino es por donde ingresaron los jueces del escándalo conocido como 'mafia judicial', además de sus invitados como el expresidente Mauricio Macri, y empresarios interesados en adquirir tierras con paisajes, agua y minerales estratégicos”.

Añadieron que “la empresa hidroeléctrica de Lewis, que por 30 años usa agua pública del río Escondido sin haber cumplido con su obligación legal en beneficio de la ciudad de El Bolsón, también se encuentra a metros del camino de Tacuifí”.

Apuntaron que “el jefe de la Policía, y más aún, la ministra de Seguridad y Justicia, debieron resguardar la vida y la salud de todas las ciudadanas y ciudadanos que participaron de esta marcha, y acatar la orden judicial emitida el día anterior por el juez de amparo de San Carlos de Bariloche, quien dispuso que se garantice la integridad física de todas las personas”.

“Téngase en cuenta que denunciamos en el expediente hace más de un año que el portón que impide el acceso libre y público al lago Escondido por el camino 'afectado al uso público' de Tacuifí, fue construido durante la pandemia con personal y camiones de Joseph Lewis. El mismo está dotado de alambres de púa y cámara de vigilancia que monitorean directamente desde la Estancia Hidden Lake".

“Reclamamos que, previo a renunciar, tanto la ministra de Seguridad y Justicia como el jefe de la Policía, sean debidamente interpelados en la Legislatura de Río Negro”.