Villa Mascardi: para algunos, un problema político; para otros, un tema que debe resolver la Justicia

Muchos de los que siguen la problemática referida a Villa Mascardi consideran que la nueva mesa de diálogo es una intromisión entre poderes.

El porqué de esa lectura remite a que, a diferencia de intentos anteriores de acercamiento (todos fallidos), en esta ocasión, dos elementos nuevos conforman otro contexto.

Por un lado, la denominada comunidad Lafken Winkul Mapu ya fue desalojada. El 4 de octubre del año pasado se realizó el operativo que derivó en la expulsión de la zona donde se había asentado en 2017.

Por otra parte, estaba previsto el desarrollo del demorado juicio por usurpación en lo que se conoce como causa madre de Villa Mascardi, pero, ante la decisión presidencial de convocar a la mesa de diálogo, se pospuso para el 13 de febrero de 2023. Ese punto, justamente, es el que se destaca como una forma de intervención de un poder sobre otro.

Sin embargo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, no lo ve así. Para él, “no existe intromisión entre los poderes”.

En realidad, considera que el tema no tendría que pasar por lo judicial. “Un problema político y social no se puede resolver con el derecho penal”, sostiene.

Carriqueo manifiesta que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre pueblos indígenas y tribales) acompaña ese pensamiento. “El Estado no puede aplicar un plexo normativo que creó para una sociedad distinta a las comunidades indígenas; esa es la verdadera discusión”, asegura.

“El conflicto no viene de 2017, se trata de algo mucho más amplio, devenido de un genocidio, con la Campaña del Desierto de hace ciento cuarenta años y toda una línea histórica, a partir de ahí, de cercenamiento, corrimiento, violencia, estafas, violación de los derechos…”, aprecia, para luego citar “la impunidad con que la Justicia, en muchos casos, determinó el desplazamiento de familias mapuche-tehuelches del territorio”.

“La Justicia penal en la Argentina tiene grandes falencias”, advierte el werken, y, en tal sentido, opina: “Se ignora supinamente el derecho indígena, y es algo que en Latinoamérica, sobre todo en este país, no se puede obviar, a  la luz de los hechos que están sucediendo. Y no me refiero solo a la Patagonia, hablo también de lo que pasa en el Norte”.

“Cuando hay tanta violencia institucional, es peligroso. La opresión no genera que los pueblos agachen la cabeza, sino que provoca resistencia, y el escenario puede tornarse mucho más complejo si no aceptamos que, en la Argentina, hay una gran parte de la población que es indígena y existen conflictos no solucionados, con actores que son parte de la Justicia y del poder político”, esgrime el referente mapuche.

De esa manera, ante la consulta acerca del análisis que se hace acerca de que el Poder Ejecutivo se está entrometiendo en un ámbito que corresponde al Judicial, afirma: “En realidad, creo que es al revés. La Justicia se entromete en una situación que es claramente un conflicto político y social, y eso no lleva a nada”.

Claramente, los propietarios de lotes en Villa Mascardi opinan distinto. Desde que estalló el problema en la zona, renegaban por la lentitud judicial. Ante las muestras de que se producía un cambio, festejaron que la Justicia mostrara la decisión de actuar.

Pero, ahora, ante el parate que aconteció a partir de la determinación presidencial de implementar una mesa de diálogo, ven en la medida una muestra de intervención del Ejecutivo en el ámbito de la Justicia.

Debe resaltarse que, el miércoles, los dueños de terrenos en Villa Mascardi se reunirán en Buenos Aires con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, mientras que antes de fin de mes habrá una continuación de la mesa de diálogo iniciada en aquella ciudad, esta vez en Bariloche, a la que esos vecinos no fueron llamados a participar.