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VILLA LA ANGOSTURA

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04/01/2023

Vecinos se agrupan frente a una comunidad mapuche: “Resulta inadmisible que organismos del Estado desconozcan el derecho de propiedad”

Vecinos se agrupan frente a una comunidad mapuche: “Resulta inadmisible que organismos del Estado desconozcan el derecho de propiedad”
Vecinos se agrupan frente a una comunidad mapuche: “Resulta inadmisible que organismos del Estado desconozcan el derecho de propiedad”

La problemática relacionada con la temática mapuche en la Patagonia hace ebullición en varios sitios.

Si bien desde 2017 a esta parte, por las características que tuvo la situación en la zona, especialmente por sus aristas violentas, se hizo hincapié en lo que ocurría en Villa Mascardi –incluso en la actualidad, tras el desalojo del año pasado y con una próxima mesa de diálogo, lo referido a ese lugar es cuestión de discusión–, lo cierto es que aquel está lejos de ser el único conflicto.

Por ejemplo, ciudadanos de Villa La Angostura dan muestras de preocupación por algunas cuestiones vinculadas al tema.

Hace algo más de dos meses había circulado un comunicado titulado “Basta de la mentira de 'ancestrales mapuches’”, firmado por personas que se definían como “vecinos angosturenses hartos”.

Así, los firmantes expresaban: “Respecto del planteo de ‘comunidad’, por suerte Angostura tiene poca historia y todavía contamos con vecinos que la pueden contar con rigurosidad y con claridad. No hubo comunidad, fueron vecinos que se radicaron como el cien por ciento de los hoy habitantes de Villa La Angostura; todas fueron microfamilias inmigrantes de diferentes países, etnias y regiones, que fueron forjando el pueblo que somos hoy”. 

En aquel texto se apuntaba a una “pseudocomunidad mapuche” que, según señalaban, comenzó a reclamar “supuestos derechos ancestrales” cuando los valores inmobiliarios en la región aumentaron.

Aquello no quedó ahí. En diciembre se conformó una agrupación denominada Vecinos Damnificados del Barrio Belvedere.

Quienes la armaron, igualmente, aclaran que ellos no son los que dieron a conocer el comunicado que circuló en octubre, pero los planteos parecen similares.

En un texto se presentan como “vecinos pertenecientes a familias de larga historia en la Villa, como Murer, Saldivia, Salamida y Antrio”, entre otras.

La intención, advierten, es “visibilizar la falta de atención desde los organismos competentes del Estado a la problemática territorial en la ciudad”.

Entre los reclamos, figura “el libre acceso a la cascada Inacayal, al mirador del Belvedere y al Cajón Negro, emblemas y patrimonio de Villa La Angostura que atraviesan los terrenos de las familias Murer y Saldivia, hoy usurpados por personas foráneas a la villa bajo la figura de comunidad mapuche Paicil Antriao”.

Curiosamente, como se observa, la lof a la que se apunta tiene la denominación de una de las familias que firma como perteneciente a la agrupación Vecinos Damnificados del Barrio Belvedere. Eso sucede porque un descendiente de quien arribó desde Chile hace más de cien años con ese apellido es uno de los principales denunciantes de que quienes integran aquella comunidad no tienen nada que ver con los orígenes que dicen tener.

Lee también: “En Villa La Angostura nunca hubo una comunidad mapuche”

El grupo de vecinos se plantea, como objetivo, “abogar por una resolución pacífica y legal de las usurpaciones que existen en el barrio”, así como a “las disputas territoriales”.

A la vez, hablan de la necesidad de “promover el libre acceso a la información pública en materia de otorgamiento de tierras, como, asimismo, la participación en los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales realizados y/o a realizarse por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.

En tal sentido, sostienen: “Causa especial preocupación el relevamiento de la comunidad Paicil Antriao que el INAI concretó meses atrás sin dar aviso a los vecinos, sin difundir la información previamente por medio alguno ni convocar o tener en cuenta a propietarios legítimos que se ven afectados en sus derechos de propiedad y posesión por la ocupación y más aun por el reconocimiento territorial que el INAI tramita a favor de la comunidad”.

De esa manera, concluyen: “Resulta inadmisible que organismos del Estado desconozcan el derecho de propiedad garantizado en la Constitución Nacional y que tomen decisiones sobre tierras privadas sin informar ni dar vista a los propietarios”.

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