El joven municipio de Dina Huapi siempre ha sido noticia por cuestiones, por lo menos, curiosas o poco vistas. Otras fueron un tanto cuestionables y también se dieron acusaciones más graves, vinculadas a la corrupción o a la malversación de fondos.

Lo llamativo del caso es que se trata de un pueblo pequeño con poco más de 7 mil habitantes, de los cuales un 60% está habilitado a votar, pero nada impide que la política dinahuapense sea un polvorín. La paciencia parece ser corta, donde se generan discusiones entre vecinos por temáticas partidarias y eso concluye con denuncias, intentos de agresión, silencios entre amigos y, claro, su correlato en la prensa.

El Cordillerano repasa los sobresaltos que tuvo Dina Huapi desde que se convirtió en un municipio separado de Bariloche y de Pilcaniyeu, y que confirman aquel viejo refrán: “Pueblo chico, infierno grande”.

En septiembre de 2008, cuando se debatía por el “sí” o el “no” a la municipalización, hubo numerosos enfrentamientos y polémicas. Entre las más recordadas, están las "injurias" proferidas contra los directivos del CEM 96, que fueron difundidas mediante panfletos anónimos arrojados frente al establecimiento, el supermercado y otros espacios públicos. Los volantes contenían graves acusaciones personales contra los docentes de esa escuela secundaria. ¿Por qué? Porque las autoridades habían prestado el salón de la escuela para que los militantes del “sí” se reunieran.

En 2014, el entonces jefe comunal, Danilo Rojas, fue acusado de violar la Carta Orgánica del pueblo, por haber nombrado como secretario de Gobierno a Jorge Rojas, una persona con domicilio en Bariloche y que incluso poco tiempo antes había sido candidato a intendente por nuestra ciudad. Como la Carta Magna impide ser funcionario a toda persona que no tenga domicilio en Dina Huapi, le llovieron las críticas al mandatario y debió reemplazar a su secretario. No sin un revuelo interesante.

En marzo de 2015, los concejales interpelaban al por entonces intendente Danilo Rojas. Se discutía que su secretaria de Turismo (Romina Fernández Moss) no tenía domicilio en Dina Huapi. En ese marco, su marido y exsecretario de Obras Públicas, Ramiro Varise, se enfrentó en plena sesión al concejal Alejandro Corbatta y fue frenado y agarrado por el propio Rojas. “A vos te voy a agarrar”, gritó Varise antes de salir, “te voy a agarrar en la calle y te voy a dejar los lentes de costado”, le prometió a Corbatta. La situación tensa fue repudiada por las autoridades.

Corría el mes de junio de 2016. Los miembros del Tribunal de Contralor presentaron una denuncia penal contra el intendente Danilo Rojas, porque detectaron irregularidades en el expediente de la construcción de la bicisenda que está a la vera de la Ruta 40. A su criterio, se violó la ordenanza que pone tope a las contrataciones directas. Según la normativa, se permitía hacer este tipo de compromisos por esa vía hasta 94 mil pesos y en este caso, se hizo por 270 mil. Eso constituiría el posible hecho de abuso de autoridad. La segunda parte de la denuncia penal sobre Rojas fue por “malversación de fondos públicos”, ya que según los contralores se compró un material para ser colocado en la bicisenda y no está allí, según lo indican los “planos, memoria descriptiva y presupuesto”. Desde el Contralor se aseguró que el material se entregó en un domicilio particular de Bariloche, ubicado en el kilómetro 13. Finalmente, la Justicia sobreseyó a Rojas.

Un mes más tarde al hecho anterior, en julio de 2016, desde el Gobierno municipal se denunció al presidente del Tribunal de Contralor, Carlos Dolezor. Quien además era del mismo partido que el intendente Rojas (PRO). En ese contexto, se informó que en un control de rutina del área de Fiscalización, se encontró en una página web un servicio turístico no habilitado. Los inspectores se encontraron con una casa particular que brindaba servicios turísticos en su planta alta. En la página estaba la prueba de los servicios ofrecidos, la tarifa y los comentarios. Lo paradójico del caso es que cuando se dirigieron al domicilio, se encontraron con que era la vivienda particular del presidente del Tribunal de Contralor, Carlos Dolezor, donde residía junto a su esposa e hijos. Luego de conocido el hecho, Dolezor desestimó esa práctica.

2016 no tuvo descanso. En el mes de agosto de ese año, se dio una escena por demás extraña. El Gobierno municipal dinahuapense acusó haber sufrido un hackeo en su cuenta de correo electrónico en el área de Prensa. Esto fue expresado luego de que se filtraran unos mails donde nombraban a la directora de la Escuela Primaria 312, Marta Caram, como “loca” y criticaban detalles de un acto realizado en dicho establecimiento. Quien trataba de “loca” a la directiva era Patricia Maizón (secretaria Privada y Protocolo) y pedía al área de Prensa que encabezaba Alejandro Popovici no darle mayor entidad al acto de colocación de una placa. Desde el área de Prensa le respondieron que “la placa era una berretada” y que el secretario de Gobierno estaba mirando para otro lado en las imágenes tomadas. Surrealista.

Por otra parte, a comienzos de septiembre de 2018, el Concejo Deliberante solicitó al secretario de Deportes municipal, 75 colchones pertenecientes a esa cartera para la Semana de la Juventud y un torneo de vóley. La respuesta fue que “los colchones habían sido dados de baja y que solo habían quedado 12”. Los ediles solicitaron entonces información al intendente Rojas, quien afirmó que “se trataba de una decisión del secretario de Deportes, Sergio Herrada”. Sin embargo, el funcionario salió a cruzar al jefe comunal, recalcó que “la decisión provenía del propio Rojas” y renunció al Gabinete. El Tribunal de Contralor hizo una denuncia penal contra Rojas en el Ministerio Público Fiscal. Los colchones fueron destruidos “porque no estaban en condiciones”, se expresó oportunamente. La por entonces, secretaria de Desarrollo Social, Patricia Maizón, fue interpelada por el Concejo y allí aseguró que cuando asumió, necesitaba espacio y pidió que retiraran los colchones.

En 2019 hubo cambio de autoridades y Mónica Balseiro asumió como intendenta. En 2020, en plena pandemia, en el mes de julio, el Tribunal de Contralor denunció penalmente a Balseiro y a los tres concejales por la supuesta entrega discrecional de donaciones, que el Municipio recibió en el marco de la situación sanitaria imperante. Se acusaba que las autoridades, supuestamente, no habían respetado las reglamentaciones locales vinculadas a la entrega de ayuda a los pobladores del lugar y se expresó que fue “una movida política”. Sin embargo, en el mes de diciembre pasado, el hecho fue desestimado por la Justicia y se consideró que no estaba constituido ningún delito.

En el mes de febrero de 2021, Silvia Maldonado, una empleada de limpieza del Municipio, radicó formalmente una denuncia penal contra Armando Capó, jefe de Gabinete y contra Yasmina Gagliani, asesora letrada del Municipio, indicando que fue acusada de robar dinero, requisada y retenida contra su voluntad en el interior de las dependencias municipales. Según la presentación ante la Fiscalía, el hecho se produjo el pasado 5 de enero mientras la trabajadora se encontraba desarrollando sus actividades y fue increpada por Capó y Gagliani, quienes le indicaron que “faltaba dinero de la oficina del jefe de Gabinete, por lo que procedieron a encerrarla en la oficina y reclamarle por el dinero faltante”. Cuando la empleada negó haber tomado ese dinero y advirtió que lo único que portaba era su mochila, según la presentación, “la abogada Gagliani la requisó siguiendo directivas de Capó”. Además, denunció que la mantuvieron encerrada, causándole un daño emocional y psíquico. El dinero luego apareció en el interior del auto particular de Armando Capó. El hecho quedó en la nada.

El año pasado, vecinos autoconvocados decidieron cortar parcialmente la Ruta 40 en reclamo por el Transporte Urbano de Pasajeros. Hasta ahí nada raro. Lo curioso y pocas veces visto es que una funcionaria electa por el voto popular y actual integrante del Tribunal de Contralor, Sabina Mesa, haya participado de la manifestación. Incluso, hizo declaraciones ante la prensa, como una vecina más, indignada por la falta de respuestas del Estado. Luego, fue acusada por los tres concejales de agredir (junto a su hermana) a dos trabajadoras del Deliberante. A modo de descargo, Mesa expuso en redes sociales que los ediles faltan a la verdad y advirtió que tiene audios y videos con lo que considera que realmente sucedió.

Esto es solo un compendio de hechos curiosos, a los que, seguramente, seguirán sumándose otros, para la sorpresa de propios y extraños.