La información llegó directamente de la sede central y sorprendió a propios y ajenos. La multinacional italiana ENEL, uno de los grupos eléctricos más diversificados y expandidos a nivel mundial, anunció que planea retirarse del mercado argentino y venderá su participación en las diferentes empresas que controla. Entre esas, las represas hidroeléctricas de El Chocón y Arroyito.

ENEL también es la propietaria de la distribuidora Edesur (que controla desde 2009, cuando absorbió los activos de la española Endesa), las centrales térmicas de Costanera y Dock Sud, además de sus participaciones en líneas de transmisión y transporte de energía eléctrica.

Según la información proporcionada por la misma empresa, tiene intenciones de desprenderse de propiedades por 21.500 millones de dólares, desinvirtiendo en Argentina, Perú y Rumania. En cambio, su plan de expansión pretende concentrar el accionar en mercados que considera más atractivos o con mayor potencialidad, como Italia y España, en Europa; los Estados Unidos; y en otras partes de Sudamérica, como Brasil, Chile y Colombia. La retirada de la multinacional debería estar concluida a fines del año que viene.

La novedad sorprendió a las propias autoridades del grupo en el país, que habían iniciado discretas actuaciones para continuar con la operación de las centrales hidroeléctricas de la región, que vencen en 2023. También llamó la atención en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas –el organismo regulador del sistema Comahue-, ya que no habían tenido ninguna señal sobre el particular.

El Chocón y Arroyito, junto al resto de las represas de Río Negro y Neuquén, fueron concesionadas en 1993, durante el primer gobierno de Carlos Menem, y se entregaron por 30 años. El plazo justamente vence el año que viene, pero todavía no hay una decisión firme desde el gobierno nacional.

Los gobiernos de Río Negro y Neuquén ya anticiparon que pretenden una modificación en el sistema de administración con la conformación de una empresa estatal mixta, con la participación de las provincias como propietarias del recurso.