Villa Mascardi: un panorama de la situación ante la apelación de la Gremial de Abogados

“Estamos ante un fallo de características arbitrarias que adolece de graves vicios”, expusieron desde la Gremial de Abogados en la apelación que presentaron por el procesamiento y la prisión preventiva contra los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Cabe recordar que la semana anterior la jueza Silvina Domínguez había dispuesto el procesamiento con prisión preventiva de la persona a quien consideran machi (sanadora), Betiana Ayelén Colhuan, y también de Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardais Guenumil.

Las cuatro se encuentran con detención domiciliaria debido a que son madres de niños pequeños.

Por otra parte, Florencia Melo y Débora Vera, que estaban en la sede barilochense de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fueron sobreseídas y liberadas.

Ambas declararon que se encontraban en Villa Mascardi porque habían ido a ver a la machi.

Lo mismo había sucedido con la primera liberada, Andrea Despo, que es actriz y fue al sitio donde estaba la Lafken Winkul Mapu para “atenderse” con Colhuan.

“Tengo un parentesco con María Epul, que vivió en Cerro Negro. Mi abuela era su sobrina”, le había contado Despo a este cronista, en referencia al vínculo que la une a quien se considera la última machi que hubo de este lado de la cordillera (quien era cercana a la madre de Juan Domingo Perón) hasta la "proclamación" de Betiana Colhuan.

“Ella ve qué enfermedad espiritual o física tiene la persona y le da un tratamiento con remedios, el ‘lawen’, como nosotros le decimos, a base de hierbas naturales”, dijo la actriz, para también sostener: “Cualquier mapuche tiene derecho a irse a atender con su medicina ancestral. Está en los tratados internacionales que reconoce el Estado argentino”.

Tanto las mujeres que se encuentran en prisión domiciliaria como aquellas que fueron liberadas habían sido detenidas en el operativo de desalojo que se realizó el 4 de octubre en Villa Mascardi.

Lo curioso fue que, en aquel momento, no se persiguió a los varones de la comunidad, quienes fueron monte arriba o, quizá, ya habían abandonado el lugar con antelación.

Hay que recordar que el movimiento de las fuerzas federales en Bariloche era un secreto a voces.

Aunque pocos tenían la certeza de que lo que se venía era el desalojo, muchos sabían que algo iba a suceder en Villa Mascardi.

Incluso Andrea Despo, en el reportaje mencionado, indicó que había escuchado acerca de que algo podía suceder. “Pero, sinceramente, no creí que iba a ser una cosa de esa magnitud. Uno podía pensar que pedirían hablar con alguien… O que iban a entrar por el espacio que estaba en conflicto, que todos suponíamos que era el de Diego Frutos (en relación a La Escondida), pero no imaginábamos que vendrían por la tranquera oficial de la comunidad, por ese lugar, donde está el rewe (una especie de altar), ni que fueran tantos, armados, con gases…”, señaló la mujer.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, indicó que en el oficio que se había dictado solo se encomendaba que se detuviera a las personas que se hallasen en el sitio, y que las únicas que estaban eran las mujeres y algunos niños.

La jueza, la semana pasada, más allá de las determinaciones tomadas con las mujeres, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan.

Y, en el marco de curiosidades que imperan en todo lo que tiene que ver con Mascardi, brota una nueva.

Matías Santana es a quien se le suele nombrar como “el testigo de los binoculares”, en referencia a lo que sucedió en el caso Santiago Maldonado, cuando dijo haber visto –con aquel elemento– que efectivos de Gendarmería se habían llevado al muchacho que, en ese momento, aún estaba siendo buscado.

El mismo día del desalojo en Villa Mascardi, por la tarde, Santana, que además es pareja de la joven a la que denominan machi, estuvo entre aquellos que, en Bariloche, aguardaban afuera de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para ver que sucedía con las mujeres y los niños que habían traído del operativo.

Apenas unas jornadas después, el 12 de octubre, “el testigo de los binoculares” formó parte de la marcha mapuche que se realizó por las calles de la ciudad y desembocó en el Centro Cívico bajo el lema “La defensa del territorio no es un delito”.

Es decir, la persona que se afirmaba que nadie podía encontrar estuvo frente a los ojos de quien quisiera verlo.

Pero recién la semana pasada la jueza tomó la decisión de buscarlo.

Ahora, ante lo decidido por la magistrada, la Gremial de Abogados apeló el procesamiento y la prisión preventiva contra los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Cabe recordar que en un principio la defensa había sido ejercida por los letrados Andrea Reile, perteneciente a la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y el presidente de la regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Ezequiel Palavecino.

Luego, si bien desde la APDH se aclaró que la entidad “tiene la defensa de diferentes causas que involucran a otras comunidades de pueblos originarios de la zona”, se explicó que la Lafken Winkul Mapu siempre fue asesorada por la Gremial de Abogados, y que el motivo por el que la LADH y la APDH habían asumido ese rol fue por la urgencia del caso.

Así, tras aquella representación inicial, la Gremial de Abogados tomó la posta.

En la apelación que fue presentada, los letrados cargan contra la fiscal Cándida Etchepare y la jueza Domínguez, a quienes acusan de actuar en relación con el reclamo que existía desde los gobiernos nacional y provincial, y, también, de acuerdo a lo que exigían sectores de la derecha.

A la magistrada la cuestionan por unificar las causas de lo que sucede en Mascardi e incluso apuntan a una nulidad del procedimiento por la extensión que tuvo el secreto de sumario (veinte días) “durante una etapa medular de la investigación”.

“En la Patagonia han inventado el enemigo mapuche o al terrorista mapuche”, afirman.

Así, no solo piden el sobreseimiento, sino que procuran que se dejen sin efecto las medidas de la magistrada e incluso pretenden que entregue el territorio desalojado a la Lafken Winkul Mapu.