Posicionamiento a favor de los desalojados de Mascardi en la UNCo

El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue se pronunció contra el desalojo de la denominada Lawken Winkul Mapu de Villa Mascardi. 

Así, se resolvió elevar al Consejo Superior, para que se expida, una declaración con un tono marcadamente político.

El texto, que lleva la firma de la vicedecana de la FADECS, la licenciada Mery Catrileo Salazar, y de la secretaria del Consejo Directivo de esa facultad, la abogada María Raquel Calvo, indica, por ejemplo, que “la derecha racista encabezada por Patricia Bullrich viene expresando sistemáticamente discursos de odio contra los pueblos originarios”. 

“Denunciamos en este marco la complicidad de los medios de comunicación y los sectores concentrados de poder”, señala la nota.

A la vez, cargan contra el gobierno provincial, al que se califica como impulsor del foro Consenso Bariloche, sobre el cual, asimismo, consideran que “que se embandera con la idea de la defensa del derecho de propiedad para justificar los privilegios de empresarios extranjeros, como es el caso de Lewis (Joe)”.

Juzgan al operativo que se desarrolló el 4 de octubre como “violento desalojo contra el pueblo nación mapuche Lafken Winkul Mapu”, y responsabilizan, de lo que denominan “represión y militarización en Villa Mascardi ordenada por la jueza federal Silvina Domínguez”, al “gobierno nacional de Alberto Fernández, al Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Aníbal Fernández y al Estado provincial”.

“Este operativo de desalojo responde a las demandas de terratenientes y empresarios que pretenden seguir haciendo millonarios negocios a través de megaemprendimientos inmobiliarios y turísticos en zonas valorizadas de la Patagonia”, sostienen, para luego exponer: “Desde hace años, el pueblo mapuche resiste el desplazamiento e intento de aniquilamiento histórico por parte de los Estados nacionales de Argentina y Chile y de los gobiernos provinciales. Una política que se remonta a la llamada ‘Campaña al desierto’, pero que se extiende hasta la actualidad”.

“Reclamamos el cese inmediato de las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad a cargo del Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi (Gendarmería, PSA, Policía Federal y Prefectura), que responden al Ministerio de Seguridad de la Nación”, dicen.

Al mismo tiempo, manifiestan: “Repudiamos la detención de las siete mujeres, una de ellas embarazada de cuarenta semanas, con hijes de uno y cuatro meses de vida. También, que otres niñes fueran sometides a una larga espera a la vera de la ruta o quedaran horas en el bosque -hasta que se les permitió a las familias el ingreso- para, posteriormente, ser trasladades y demorades en instalaciones para adolescentes con causas penales, en grave incumplimiento con la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente”. 

Llama la atención hasta el modo de expresarse. No se habla de pedido o solicitud, sino que, ante lo que demandan, se afirma: “Exigimos”, y reclaman el “cese de la represión ordenada por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez”, como también “la disolución del Comando Unificado creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la liberación de les detenides”. 

También se apunta que apoyan “el pedido de diálogo de las comunidades”, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas. Además, se aclara que esa conversación debería concretarse con “autoridades cuya capacidad política permita tomar decisiones pertinentes que satisfagan el reconocimiento de los derechos de las diferentes comunidades a los territorios reclamados, abonando a la reparación cultural e histórica”.

El texto finaliza sosteniendo: “Basta de criminalizar a quienes luchan por defender el territorio”.

Cabe recordar que este año la casa de estudios ya había estado en el centro de una polémica por el izamiento de la bandera mapuche en varias de sus sedes, incluyendo la de Bariloche, lo que derivó en fuertes críticas de, por ejemplo, el legislador rionegrino Juan Martin y el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.