El contador y exintendente de Bariloche Omar Goye realizó, hace un año, una presentación en el Juzgado Federal donde demanda al Estado nacional, por 52 millones de pesos, por haber estado detenido en el penal de Esquel, 1 año y 7 meses, por un fallo que considera “arbitrario”, en la denominada causa Arbos. Consultado al respecto, dijo: "Es un reclamo de daños y perjuicios que inicié en el Juzgado Federal local por todo lo que se conoció como causa Arbos y las consecuencias que trajo a mi persona. Se hizo un análisis de todo el tiempo transcurrido y en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde entiendo que, en tanto tiempo, en tantas circunstancias donde hubo varios funcionarios judiciales actuando y que no han podido demostrar mi culpabilidad, quedé sobreseído y justamente eso me habilita, de acuerdo a la responsabilidad del Estado, a efectuar un reclamo. No sé cuál será el resultado, la acción la comencé en agosto del año pasado”. Aclaró el profesional: “Concretamente en el artículo 6 de la sentencia se establece la insubsistencia de la acción. Fue una sentencia totalmente arbitraria”. 

En referencia a la investigación en esa causa, donde también estuvieron algunos representantes gremiales, se le preguntó si la causa finalizó con un fallo de inocencia o si fue por prescripción. Allí refirió: “El fallo de la Corte concretamente alude a lo que se denomina insubsistencia de la acción, que es un instituto penal distinto. La corte lo dice con claridad, la acción que llevamos adelante es porque concretamente la culpa fue del Poder Judicial. No solo no falló en el tiempo oportuno, sino que además el fallo fue totalmente arbitrario, ese es quizás el motivo principal, porque había por lo menos 8 falencias que se detectaron en el recurso de queja a la Corte. Se trataron y obviamente la Corte reenvió a la Cámara de Casación Penal la sentencia, diciendo que saquen un fallo conforme a derecho. Esta fue la situación y de hecho por eso quedé sobreseído en las actuaciones”. 

A través del programa “Agenda”, que se emite por El Cordillerano Radio (93.7) y conducen Antonio Zidar y Daniela Lucero, el entrevistado dijo: "Estuve detenido en el penal federal de Esquel un año y 7 meses. Cuando se hace el reclamo, si bien la parte más fuerte, que no se la deseo a nadie, es haber estado en pausa en un penal efderal, además están las consecuencias que se dieron desde el inicio de la causa. Llevo 18 años este juicio y claramente todo ese tiempo es el que evaluó y las actuaciones intermedias que evaluó la Corte Suprema para decir que el fallo que me condenó era arbitrario”.

Sobre la acusación de malversación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que implica una defraudación al Estado nacional y si compartió la detención con algunos líderes sindicales, señaló: “(Gonzalo) Madrazo admitió la responsabilidad, era el abogado de Arbos en ese momento, quien claramente, como está demostrado en el expediente, manejó los fondos de esos subsidios en sus cuentas personales o sea que hizo un reconocimiento del delito y le dieron una condena en suspenso. Nosotros fuimos detenidos en junio de 2016, Zúñiga, Cortés y yo, y Carcar estuvo sin presentarse a la Justicia durante un año, luego se presentó y compartió 6 meses con todos nosotros en el penal de Esquel”. 

Con respecto a si los demás implicados comparten la mirada de solicitar el mismo resarcimiento, indicó: “La verdad que no lo sé, en el caso particular mío, desde que obtuve la libertad y luego de una larga pelea, pude recuperar mi matrícula del Consejo Profesional, donde había sido dado de baja. Empecé a escribir esta demanda, por supuesto con la asistencia técnica de mi abogado de siempre, que es el doctor García Sánchez. Esa ley de responsabilidad del Estado encuadra perfectamente en la posibilidad de pedir el resarcimiento como en mi caso, por daño emergente, lucro cesante y daño moral sobre todo”. 

Por el tema de la suspensión de la matrícula profesional, consideró: “Como quedó demostrado, fue algo erróneo, cuando salí de la cárcel comencé a reclamar la devolución de mi tomo y folio original, soy integrante del tomo I del Consejo de Contadores, van por el tomo X, entonces reclamé como correspondía porque entendí que estuvo mal haber dado de baja mi matrícula y pedí que se me devuelvan el tomo y folio original” y agregó: "Los contadores tenemos un decreto-ley de 1966 que es de la creación del Consejo Profesional donde se establecen determinadas cuestiones de oportunidades para dar de baja una matrícula. Erróneamente el Consejo Profesional tomó un artículo inicial de esa ley, que refiere que cuando uno quiere matricularse no puede si tiene antecedentes. Yo ya estaba matriculado hace 30 y algo de años. Lo que correspondía, y así lo entendió la Cámara de Apelaciones, era realizarme un juicio de ética donde yo pudiera defenderme y eso no se hizo. De oficio dieron de baja mi matrícula y estuve así desde julio de 2016 hasta junio de 2019, cuando la Cámara le ordenó al Consejo que me devolviera la matrícula. Parte de esos perjuicios también están indicados en la demanda que le hago al Estado”, concluyó.