En la zona de Villa Mascardi hubo un suceso que nunca quedó claro, ya que había una orden judicial para desalojar el complejo del Obispado de San Isidro, pero la medida por "una orden" del propio damnificado no se llevó cabo. Al abogado Ernesto Saavedra se le revocó el poder que le habían otorgado para ejercer la defensa y de esa manera no se pudo concretar la actuación pertinente que ordenó un juez.

El letrado, que interviene en varias causas en defensa de privados afectados, explicó que fue convocado a fines de octubre 2020 por la toma de la propiedad del Obispado de San Isidro, dijo que “hicimos la denuncia por usurpación, identificar a los responsables y pedir el desalojo y el doctor Martínez Arroyo en una decisión impecable dio el desalojo por el 118 del Código Procesal y del Código Penal. Luego recibí un llamado donde me indicaron que deberíamos desandar el camino andado a lo cual nos opusimos, eso no se podía hacer, ya que era una contradicción de nuestros propios actos”.

A través del programa “Agenda” que se emite por El Cordillerano radio (93.7) que conducen Antonio Zidar y Daniela Lucero el entrevistado señaló que “me pidieron entonces que renuncie al poder que me habían otorgado y si no renunciaba que me revoquen, porque renunciar implica una serie de connotaciones que no existían y que yo no estaba dispuesto a dar, sobre algo que no había sucedido. Me revocaron el poder, pero pude saber que se intentó desandar el camino y todo entró en vía muerta. No se produjo nunca el desalojo ordenado. De alguna manera la orden era parar la causa, no me trasmitieron los motivos”.

Asimismo sostuvo que “la resolución del doctor Arroyo era muy clara, realizar el desalojo con el menor uso de la fuerza posible e indispensable. Hoy todo ese complejo que había no existe más, era un lugar para unas 200 personas, con camas, vajillas, ropa blanca, hoy no hay nada de eso. Ahí había una división, una parte quería avanzar y otra parte no quería”.