El exDefensor del Pueblo de Bariloche, Vicente Mazzaglia, cobrará sólo una parte de los 7,8 millones de pesos que debía percibir luego de ganarle el juicio al municipio. El resto habría sido embargado por una deuda de alimentos que contrajo durante varios años, según publicó el portal Económicas Bariloche. 

Así lo revelaron fuentes con acceso al expediente. Si bien no precisaron valores, confirmaron que el embargo es millonario y afectó el dinero que el ex Defensor del Pueblo debía percibir tras la contienda judicial con el municipio.

Mazzaglia salió victorioso de la disputa judicial que inició al municipio, luego de ser suspendido del cargo que ocupaba como Defensor del pueblo.

El ex funcionario acudió a la justicia y obtuvo la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas que dispusieron su suspensión. En dicho trámite, el STJ hizo lugar, toda vez que en la sanción de las ordenanzas, se había violado su derecho de defensa en juicio contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de la Constitución Provincial y 77, 154 y 155 de la Carta Orgánica Municipal.

El municipio apeló en diferentes instancias, interpuso un recurso de Casación y lo declararon inadmisible. Además, recurrió en queja ante el Superior Tribunal de Justicia y la rechazaron, por lo que la sentencia está firme y esencialmente considera que si las ordenanzas que dispusieron la suspensión en las funciones de Mazzaglia, fueron declaradas nulas por la Justicia, el municipio debe responder entonces por los daños y perjuicios ocasionados en el curso de su gestión la que culminó cuando fuera suspendido en el cargo. 

En la presentación de la demanda, Mazzaglia, a través de su representante legal, sostuvo que fue designado como defensor del Pueblo en abril de 2009 por el término de cuatro años con la posibilidad de ser reelecto otros cuatro años. Luego de fuertes conflictos con el entonces intendente Omar Goye y varios concejales del oficialismo, en junio de 2012 fue suspendido en el cargo hasta la finalización de su mandato.

Destacó que el ilegal proceso que derivó en su suspensión, comenzó con una denuncia administrativa nunca probada, agregando que el Superior Tribunal de Justicia decretó la inconstitucionalidad de las ordenanzas que lo suspendieron del cargo y resolvió que había sido destituido ilegalmente. Hizo referencia a la repercusión pública que generó su situación.

Sin embargo, tras salir victorioso de esa disputa, una nueva medida judicial salió a la luz y está relacionada a un reclamo de cuota alimentaria que presentó la ex esposa de Mazzaglia, en representación de una hija en común, debido a que durante años habría omitido abonar el valor que había sido fijado por la Justicia.