"Habrá que ver si los mapuches realmente son comunidades originarias de la Argentina o no"

La abogada Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, arribó a Bariloche para participar en el 2° Foro Consenso Bariloche, con una exposición centrada en la Ley 26.160, de emergencia territorial indígena.

En ese contexto, la letrada aceptó un extenso mano a mano con aquella normativa como eje.

–¿Qué opina de la Ley 26.160 y de las sucesivas prórrogas que hubo?

–La ley de emergencia territorial se sancionó en 2006, y pretendía durar cuatro años, para, en ese tiempo, lograr los relevamientos que debían hacerse respecto de las comunidades indígenas y las tierras que reclaman...

–Por eso la referencia a que era “de emergencia”.

–Claro, era una ley de excepción que debía ser de cuatro años. Lo cierto es que los relevamientos, al día de hoy, siguen sin terminar de realizarse. Por otro lado, tenemos informes que se hacen en el marco de esa norma que lo único que reconocen es que efectivamente existe o no una posesión tradicional, es decir, prolongada en el tiempo, donde la comunidad indígena vive y continúa sus hábitos como tal. Pero esas carpetas no generan derecho comunitario de propiedad. Entonces, tal vez, hay comunidades que están asentadas pacíficamente sobre ciertos territorios, pero tienen inseguridad jurídica, porque no poseen un título sobre la tierra. Para eso necesitamos una ley que dicte y reglamente lo que se llama propiedad comunitaria, en la misma jerarquía normativa que la propiedad privada. Y, en aquellos casos donde haya propiedades comunitarias que se reivindican respecto de tierras con compradores a título privado de buena fe, será el Estado quien tendrá la obligación de armonizar esos derechos en pugna, que están en igualdad de condiciones. Pero esta ley de emergencia no lo resuelve. Así, se prorroga en el tiempo con el fin de suspender los desalojos, porque es la única manera que se les ocurre a los gobiernos para que las comunidades indígenas no sean corridas de los lugares que reivindican y no se genere una revuelta social.

–¿La situación no se resuelve porque el texto está mal o debido a que no se aplica como corresponde?

–Porque el texto fue un parche que a lo único que apunta es a un relevamiento. Pero con eso tenías que traer una solución. La Constitución Nacional dice que hay que reconocerles los derechos a aquellas comunidades indígenas que son originarias de Argentina, que tienen posesión tradicional de esas tierras y demás. Pero necesitás una ley que reglamente estas cuestiones. Lo que está faltando es una solución de fondo. Tenemos una ley que lo que hace es sacar una foto de la situación, eso es todo, pero después no hay nada, porque te quedás con una carpeta donde se señala: “Sí, es verdad, la comunidad 'tal' tiene derecho sobre estas tierras desde hace tanto tiempo”, pero no cuenta con título de propiedad.

–Según ese razonamiento, entonces, el problema radica en que no se indica cómo continuar tras el relevamiento…

–Exacto. Hay una ley de emergencia que se prorroga en el tiempo, que lo único que busca es un relevamiento, y, mientras tanto, no estás viendo cómo dictar normativas de fondo, otras leyes que resuelvan esta situación. Primero, una de propiedad comunitaria, luego el mecanismo para cada caso, porque las situaciones son diferentes, están las pacíficas, pero también hay otras muy conflictivas. Existe de todo. Hay comunidades indígenas originarias, y otras personas que son violentas y quizá no poseen derechos reales para reclamar nada. Para tener respuesta, se precisa una ley que traiga normas claras, y, por otro lado, mesas de diálogo y de consenso, donde estén todas las partes involucradas, los que las compraron de buena fe y las comunidades que las reivindican. Si hay que expropiar, el Estado nacional tendrá que hacerlo e indemnizar; si se debe ceder a las comunidades originarias una tierra fiscal para que se corran y dejen esa propiedad privada, habrá que hacerlo. Pero, para todo eso, primero se necesita la norma, y lo que hay ahora es una provisoria, precaria y de emergencia que solo releva el estado de situación.

–La conclusión sería que hace falta una nueva ley.

–Sí. En ese sentido, fue una picardía lo que sucedió en noviembre del año pasado, porque esta ley debía ser prorrogada por el Congreso. La prórroga tenía media sanción en el Senado, y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados se debatía si lo que se necesitaba era prorrogarla o dictar una nueva en los términos en los que ahora estoy diciendo.

–Ahí fue cuando intervino el presidente Alberto Fernández…

–Salió el decreto de necesidad y urgencia. Se dio la prórroga sin discutir nada. En realidad, no estaban dadas las condiciones de necesidad y urgencia para dictar un decreto, porque lo que hizo el Ejecutivo fue meterse en una facultad propia del Legislativo, cuando se encontraba en pleno debate.

–Pero el vencimiento estaba cerca.

–Estaba por vencer y sabían que no tenían los votos. Ellos deseaban prorrogar esta norma, y, mientras tanto, no querían debatir sobre el fondo del tema. También hay que tener en cuenta que muchas de estas cuestiones son reivindicadas por parte de la política para beneficio propio. Levantan la bandera de las comunidades indígenas y, en el fondo, lo que tienen son intereses partidarios, políticos…

–¿Por qué piensa que se da una identificación entre el kirchnerismo y algunas organizaciones mapuches?

–Quiero pensar que no hay intereses económicos detrás… No lo tengo en claro. Pero lo que sí es cierto es que los derechos que se les reconocen en la Constitución Nacional a las comunidades indígenas son para las del país, es decir para aquellas que en la edad precolombina habitaban este territorio. Habrá que ver si los mapuches realmente son comunidades originarias de la Argentina o no. Dicho esto, la cuestión de los pueblos aborígenes, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir a nivel internacional, está reconocida, es algo muy instalado, ya que se reconocen serias violaciones, porque es real que se les ha cercenado muchos derechos en plena época de la colonización. Pero lo que no podemos permitir es que las soluciones vengan a partir de situaciones violentas. Debemos trabajar en una salida. Tenemos que armonizar el derecho a la propiedad privada con el derecho a la propiedad comunitaria. Pero no debemos permitir, bajo ningún punto de vista, que haya grupos violentos que pretendan reivindicar derechos por la fuerza.

–Me refería a que últimamente se identifica a cierto factor partidario con la cuestión indígena en general y, en lo que hace a la Patagonia, con los mapuches en particular.

–Creo que el kirchnerismo se ha “tomado” la bandera de los derechos humanos. Lo hizo primero con lo que se vivió en la dictadura… Cuando se acaba una bandera, agarra otra… Me parece que tiene que ver con eso. Con la agrupación civil Bases Republicanas, en plena pandemia, terminamos yendo con una cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por primera vez, el kirchnerismo tuvo que brindar explicaciones ante ese organismo por lo que sucedía en Formosa (en relación a los abusos en las medidas tomadas por el Covid 19). Nos dicen que son los únicos dueños de los derechos humanos, pero durante su propio gobierno se los violó y no hicieron nada. En aquel momento, les pidieron explicaciones sobre lo que pasaba, con un plazo de tres días. Al segundo, el gobernador Gildo Insfrán anunció que levantaba las medidas; al tercero, el Estado nacional contestó que el problema se había resuelto, con lo cual se reconocía que existieron violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, hay algo muy importante: el de la propiedad privada también está reconocido como un derecho humano. Acá tenemos un derecho humano que es el de las comunidades originarias, y otro que es el de la propiedad privada. Están en igualdad de condiciones. Cualquier falta de respuesta de esta armonización por parte del Estado nacional también involucra una violación. No se puede pensar que las comunidades originarias tienen un derecho superior al de la propiedad privada.

–Eso tendría que estar reglamentado de algún modo, ¿verdad?

–Por eso digo que es necesaria una ley. La obligación del Estado nacional es llevar una respuesta y una armonización de estos dos derechos humanos.

– A veces se dice que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en vez de ayudar, entorpece la situación. ¿Cuál es su opinión?

–Cuando se seleccionaba qué relevamientos técnicos hacer y cuáles no, al INAI se le dio un uso ideológico partidario. Algunos se realizaban y otros se demoraban, y tenía que ver con cuál era el lobby o el peso político de quienes estaban detrás, qué intereses existían. El instituto debería haber promovido soluciones reales, y no quedarse con un fondo que anualmente percibe para hacer relevamientos que no nos llevan a ningún lugar.