“Es la primera vez que podemos acercarnos a una autoridad máxima”

Al iniciar la conversación, Felisa Curamil se presenta como “representante del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, para luego añadir: “Y soy parte del área de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche”.

La charla transcurre en la pequeña oficina del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), en el Centro Administrativo Provincial.

Felisa fue quien, con los integrantes de la comunidad Buenuleo, le acercó, hace dos semanas, un petitorio al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

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El mandatario estuvo en Bariloche el martes 30 de agosto con motivo de la inauguración del nuevo edificio del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA).

Hacia allí fue un grupo de mapuches, con la intención de darle -en mano- un texto al gobernante.

“Nos enteramos de que venía el día anterior, a las once y media de la noche”, cuenta Felisa.

“Cuando estuvo en INVAP, en 2021, también fuimos a entregarle un escrito”, recuerda.

Pero, según narra, en aquella ocasión no se lo pudieron dar personalmente. “El presidente no paró ni bajó la ventanilla para recibir la carpetita que llevábamos, así que se la pasamos a la gente de protocolo”, rememora, y luego indica: “Nunca obtuvimos respuesta”.

“En ese momento hablábamos de todos los desalojos que estaban en puerta, de que no había diálogo con el gobierno provincial y de que no se ejecutaba la Ley 26.160 (de emergencia territorial indígena); contábamos que la Justicia constantemente desconocía los derechos de las comunidades mapuches, y habíamos expresado preocupación por la persecución hacia los referentes de la organización y las comunidades, entre varias cosas”, dice.

Aunque no obtuvieron ninguna contestación de aquella carta, al enterarse de una nueva visita de Alberto Fernández a Bariloche, decidieron insistir.

“Dijimos: ‘Aunque sea tarde, preparemos algo’”, apunta Felisa.

Resolvieron concurrir unos pocos, para que no se pensara que se trataba de una presencia con fines conflictivos: “Siempre dicen que somos violentos y agresivos”, lamenta la mujer.

Y, justamente, ante la causa judicial en relación a la Lofche Buenuleo, optaron por enfocarse en ese punto: “La comunidad ha pasado por mucha persecución, los niños y las mujeres… Es de público conocimiento que fueron heridos de arma blanca”, expresa Felisa.

“Es necesario que el gobierno nacional sepa lo que está pasando en la provincia”, sentencia, y profundiza: “En Río Negro, la 26.160 no se ha ejecutado porque el gobierno provincial no ha demostrado voluntad política”.

En ese sentido, retrocede en el tiempo y habla de los momentos donde se aplicó aquella normativa: “Río Negro fue una de las pocas provincias donde la 26.160 estuvo en ejecución en manos de la organización mapuche y del organismo CoDeCI, y fue de las mejores en hacer el relevamiento, que en aquel momento rondó el cincuenta por ciento. Hablamos del 2007 al 2013 o 2014. Después se paró todo”.

Asimismo, considera que, a partir de aquel momento, la situación nacional no acompañó: “Con el macrismo hubo cero participación indígena”.

En lo que respecta a la provincia, expone: “Cuando entró la gobernadora tuvimos una reunión en Maquinchao, pero ninguno de los puntos que planteamos en ese momento se cumplió”.

A partir del ánimo “tirante” que se observa entre las autoridades provinciales y una parte importante de los pueblos originarios, desea: “Ojalá que esto cambie con la salida de Magdalena Odarda (que estaba al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y mantenía una clara animosidad con Arabela Carreras, y renunció al organismo en agosto). No somos partidarios de ninguno, lo que hacemos es discutir los derechos que nos corresponden como organización y los que les conciernen a las comunidades”.

Felisa apunta a la necesidad de que, desde la provincia, “se muestre una voluntad política de diálogo y de hacer una agenda sobre la que poder trabajar, aunque sea de tres puntos”.

A su entender, “el Poder Judicial en Río Negro funciona de acuerdo a los intereses de los poderosos, desconociendo el derecho a la propiedad comunitaria, al que se hace oídos sordos”.

Volviendo al encuentro con el presidente, Felisa aprecia: “Estuvimos con él unos pocos segundos, pero pudimos manifestarle de forma verbal la preocupación por los desalojos y una Justicia de Río Negro netamente partidaria, que no cumple con los derechos constitucionales”.

“Le dijimos que cuando nosotros permanecemos resistiendo y defendiendo los territorios, la gobernadora lo único que hace es militarizar. No hay voluntad política de diálogo, y nosotros sí lo queremos, estamos dispuestos a tener una mesa para que se concrete, pero en el contexto que tenga que ser, no solo a nivel nacional, sino también provincial, porque corresponde. Como dijo el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (José Francisco Calí Tzay, quien en agosto brindó una clase magistral en Bariloche durante una visita no oficial), tienen la obligación de sentarse y escuchar la demanda de la población indígena”.

Felisa le reconoce al presidente “la voluntad de haberse acercado”.

“Eso tiene un gran valor en las circunstancias en las que estamos”, opina.

“Fue importante que haya visto personalmente que, por más que nos catalogan como violentos, estamos dispuestos al diálogo, que somos un pueblo que resiste, que no es cierto que somos usurpadores”, expresa.

“Se llevó el escrito y nos dio un número de teléfono para poder comunicarnos”, revela, e insiste: “Se trató de un gesto significativo”.

Así, si bien entiende que “es la obligación de cualquier funcionario del Estado tomarse el tiempo que sea necesario, como lo establecen los derechos indígenas, para sentarse a dialogar y escuchar”, valora lo que sucedió: “Creo que es la primera vez que podemos acercarnos a una autoridad máxima, como es quien ocupa la Presidencia”.