¿Qué decía el petitorio que el presidente se llevó de Bariloche?

Cuando el presidente Alberto Fernández estuvo en Bariloche, dos semanas atrás, con motivo de la inauguración del nuevo edificio del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), representantes de la comunidad mapuche Lofche Buenuleo le entregaron en mano un petitorio, donde expusieron lo que calificaron como un “maltrato judicial” que –según apreciaron– reciben “como pueblo en toda la provincia por parte de la Justicia, que hace caso omiso al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo; la referencia alude a la convención sobre pueblos indígenas y tribales)”.

Asimismo, expresaron que de esa normativa internacional “se desprende la Ley 26.160 (de relevamiento territorial indígena), que no está siendo considerada en el sistema judicial rionegrino”.

De tal manera, en el texto, reflexionaron: “Argentina es parte del convenio 169 de la OIT, y debido a las acciones y omisiones a este tratado por parte del Estado rionegrino el país podría recibir fuertes sanciones”.

“Por esto es que venimos a pedirle a usted, señor presidente, en su carácter de autoridad máxima del Estado nacional, que arbitre los medios necesarios para una urgente revisión de todos los casos en los cuales estén en juego los intereses de los pueblos preexistentes al Estado nacional, vulnerando derechos adquiridos por los pueblos indígenas, y que no sigamos decayendo en un lobby judicial que dista mucho de ser imparcial y que no hace otra cosa que obrar en función de los intereses de privados inescrupulosos y perpetuar las prácticas genocidas propias de la mal llamada Conquista del Desierto”, señalaron.

A la vez, añadieron: “También le hacemos saber que nuestra comunidad Lofche Buenuleo, con personería jurídica 31/11, tiene una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se denunció al Estado por vulnerar derechos hacia nuestra comunidad”.

Al respecto, desde la comunidad Buenuleo estimaron: “Y esto se debe al mal actuar de la provincia de Río Negro a través del Poder Judicial”.

“Es muy importante para la democracia que ambos poderes sean independientes el uno del otro, pues es ahí donde se define un Estado de derecho”, razonaron, para luego sostener: “La política y el dinero no pueden influir en la decisión de jueces y fiscales”.

“A nosotros, el Tribunal de Impugnación de Río Negro nos declaró sobreseídos y, en cuestión de meses, el Superior Tribunal de la provincia manda a la fiscalía a que siga persiguiéndonos y hostigándonos con acciones judiciales, y revoca la decisión del Tribunal de Impugnación, lo que visibiliza una fuerte postura política antiderechos de los pueblos indígenas”, indicaron.

A modo de conclusión, los integrantes de la comunidad Buenuleo afirmaron que “Río Negro es pionera en la Ley Integral del Indígena 2.287, y en ningún caso se ha aplicado por parte del Poder Judicial”.