Denuncian maniobras para beneficiar a dos altos jefes policiales involucrados en el caso Mandagaray

Durante el fin de semana se conocieron algunas versiones que aparecen como coletazos detrás del trágico fallecimiento del joven oficial Gabriel Mandagaray en el transcurso de una instrucción del grupo COER en Bahía Creek.

El portal neuquino Mejor Informado, difundió un documento exclusivo en que se señala que luego de la formulación de cargos, en la que quedaron imputados el director de Capacitación y Perfeccionamiento, comisario general Carlos Grasso; y el jefe del Departamento Académico y comisario inspector de la fuerza, Oscar Szymansky, desde la Jefatura se modificó su situación. En la foja de Grasso figura que 10 días después, el 12 de noviembre de 2021, pasó de estar en suspensión preventiva a disponibilidad, lo que le permite cobrar casi el 80% del sueldo.

Además, surge otro dato revelador, según el sitio web, ya que sin tener en cuenta la llegada de la causa a juicio y las responsabilidades que la Justicia le pudiera atribuir a alguno de los jefes que aprobaron el curso, ya figura en el sumario de Grasso que el 12 de mayo del año que viene pasará a retiro obligatorio.

Se especula que esta fecha no es casual, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) toma en cuenta el último año de ingresos para calcular la jubilación por lo que Grasso podría mantener una muy buena retribución cuando deje de ser policía.

El reglamento policial es claro, indica el medio, pues los empleados que se encuentran comprendidos en causas de gravedad que puedan terminar en cesantía o exoneración, no pueden beneficiarse con el retiro o jubilación. Esta decisión de cambiar la situación a los altos jefes comprometidos en el homicidio de Mandagaray no pudo estar ajena al jefe Osvaldo Tellería o la ministra de Seguridad, Betiana Minor.

En julio pasado se imputó a Grasso, y a Szymansky, por no mandar a controlar el desarrollo del curso que se hacía en Bahía Creek el 15 de abril de 2021, y que terminó con la vida de Mandagaray.

Antes se les había cuestionado judicialmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en calidad de autores al no haber previsto medidas de seguridad como el caso de la falta de ambulancia.

La Jefatura de la Policía de Río Negro suspendió de manera preventiva a ambos funcionarios, cinco días después del homicidio en el marco de la investigación interna por la muerte.

La medida fue tomada con el objetivo de analizar e investigar las responsabilidades de las mencionadas autoridades que tenían bajo su responsabilidad el análisis integral del proyecto de capacitación, objetivos generales y específicos, competencia académica de los instructores a los fines de su aprobación e inclusión dentro del Plan Anual de Instrucción de la Policía de Río Negro, como así también tareas de fiscalización y supervisión del desarrollo del cursado.

Además, quedaron imputados, Alejandro Gattoni (jefe del COER), Maximiliano Vitali Méndez que tenía una go-pro que habría filmado todo y nunca apareció, Alfredo Nahuelcheo y Marcelo Contreras. La carátula es por el delito de abuso de autoridad como coautores, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como coautores de homicidio culposo en concurso real con el hecho anterior.