REPERCUSIONES

| 23/08/2022

¿Qué dicen los dirigentes barilochenses sobre el pedido de cárcel a CFK?

¿Qué dicen los dirigentes barilochenses sobre el pedido de cárcel a CFK?

El fiscal federal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos, en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Al respecto, El Cordillerano recopiló opiniones de dirigentes barilochenses y rionegrinos al respecto, con la salvedad que muchos otros prefirieron no hacer declaraciones al respecto.

La titular del bloque de concejales del Frente de Todos, Julieta Wallace, apuntó: “Es lamentable cómo opera el Poder Judicial que ha dejado de ser imparcial, para constituirse en una oficina de los sectores políticos y económicos que han visto y siguen viendo al peronismo como una amenaza a la pérdida de sus privilegios”.

“Cristina es la máxima expresión y la síntesis de nuestra doctrina que levanta la bandera de la justicia social y así lo ha hecho a lo largo de los 12 años de gobierno. Parece una provocación que se pida cárcel por cada año de gestión política”, añadió.

La ex intendenta y actual presidenta del bloque de legisladores del Frente de Todos, María Eugenia Martini, señaló que “el Lawfare y su consecuente circo mediático-judicial escribió un nuevo capítulo en Argentina con el pedido de condena a Cristina Fernández de Kirchner, en la denominada Causa Vialidad”.

“El monigote para-jurídico construido sin pruebas y con afirmaciones falaces por una fiscalía cuyo cometido no son la verdad ni el Derecho, sino la proscripción, se desarma por las costuras. El objetivo final es múltiple y mucho más perverso. Al igual que con los ex presidentes Lula Da Silva, Rafael Correa y otros líderes populares, lo que aquí se procura es prevenir que CFK pudiera llegar otra vez a conducir los destinos políticos de la Argentina”, agregó.

Más adelante sostuvo que “el embate no es personal -la propia Cristina lo denunció-, es una advertencia y un avance contra nuestra democracia. Es el límite que los poderes fácticos, nacionales y extranjeros, le ponen a las posibilidades y las aspiraciones de un país” y consideró que el Poder Judicial “ha mutado en partido político, impúdico y sin máscara, para perseguir a quienes cuestionan, se oponen y defienden el derecho de un pueblo”.

En el mismo sentido, la concejala municipal, Roxana Ferreyra, expuso que “este país, durante casi un siglo, se balanceó entre democracias débiles y golpes de Estado. Como militante de un movimiento que fue proscripto por dieciocho años, como hija de la generación que resistió hasta el retorno de nuestro líder el general Perón. Persecución, desaparición y muerte fueron corolario del odio hacia un movimiento político que fue catapultado solamente por dar derechos a un pueblo silenciado y oprimido”.

“Como militante política y como argentina, mi repudio absoluto a aquellos que haciendo uso de herramientas jurídicas y mediáticas quieren proscribir a nuestra vicepresidenta, conductora de nuestro movimiento: Cristina Fernández de Kirchner. Defendamos nuestra democracia", convocó.

La diputada nacional por la provincia de Río Negro, Graciela Landriscini (FDT), comparó la persecución vivida por militantes políticos en los años previos y durante la dictadura cívico-militar con los procesos judiciales que enfrenta la vicepresidenta de Argentina.

“Hoy, en una fecha tan simbólica, vuelve la persecución, en este caso vestida de Poder Judicial y no militar a la Argentina. A querer otra vez atacar a referentes del movimiento nacional y popular que encarna el peronismo. En este caso, en la figura institucional de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, agregó.

En esta línea señaló que se trata de “un ataque judicial con trampa y es un ataque mediático lleno de odio de aquellos mismos que odiaron a Perón y a Evita y los prohibieron en los textos, en la sociedad, prohibieron nombrarlos”.

En la vereda de enfrente, el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martin, indicó: “Vemos una actitud de desesperación por parte del kirchnerismo, que siempre quiso avasallar a la Justicia y ahora se muestra más violento en esa intención”.

“Esto es algo en lo que coincidimos con otros legisladores del PRO, con quienes estamos en Buenos Aires manteniendo una serie de encuentros y, por supuesto, este tema estuvo en la agenda”, prosiguió.

“Destacamos la valentía y la prolijidad de los fiscales para aportar pruebas y exigimos que se deje hacer su trabajo a la Justicia, sin presiones de ningún tipo”, finalizó el dirigente del PRO, quien ayer asumió la presidencia del Foro Federal de Legisladores de ese partido.

Por su parte el ex senador rionegrino Miguel Pichetto, actual auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, sostuvo que "veo que va a ser muy complejo y difícil en lo que es materia de jurisprudencia, cerrar el esquema probatorio en orden de la asociación ilícita".

El dirigente manifestó que "hay precedentes" en la historia jurídica del país pero volvió a insistir que ese delito "es una figura muy compleja y difícil de acreditar".

Pichetto recalcó que no ve "elementos contundentes que puedan cerrar la figura". Por el contrario, explicó que "no es concebible que un gobierno se constituya para delinquir. Puede haber actos delictivos, pero que el gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece mucho".

 

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