Hubo un encuentro para reactivar el relevamiento territorial indígena

El ministro de Gobierno y Comunidad provincial, Rodrigo Buteler, se reunió con miembros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y representantes de pueblos originarios, el lunes, en Viedma, con la intención de activar el relevamiento territorial de comunidades de pueblos originarios en Río Negro.

La reunión se extendió por cuatro horas, y se conversó exclusivamente sobre la Ley 26.160, que alude a la cuestión.

Así, se leyó un convenio que preparó el INAI, que debe firmarse en forma tripartita, es decir por dicho organismo, el gobierno provincial y la representación mapuche, para así poder reiniciar un relevamiento en Río Negro.

“El ministro se quedó con algunas dudas para consultar con la gobernadora, y en los próximos días va a contestar si se firma el acuerdo tal como fue propuesto y conversado”, explicó el werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, quien especificó que “existen diferencias sobre quién será el coordinador general”.

“Como nuestra organización no va a estar a cargo de la aplicación de los recursos ni del control, que lo va a tener la provincia, porque lo pidió, creemos que el coordinador general de la aplicación tiene que ser de la organización mapuche, elegido en un parlamento”, expuso Carriqueo.

Igualmente, el representante indígena manifestó que se trata de “una diferencia que tiene posibilidades de saldarse, agregando algún otro coordinador general o cambiando los roles… Son cuestiones mínimas”.

En tal sentido, sostuvo: “La situación nos hacen esperanzar con que estemos cerca de un acuerdo para aplicar la 26.160 en Río Negro”.

“Resta que, en los próximos días, después de la charla del ministro con la gobernadora, contesten cuál será la opción que van a definir para firmar el convenio, pero han expresado que quieren llevar adelante el relevamiento, así que esperamos que esto se resuelva pronto”, señaló Carriqueo.

“La experiencia en la provincia de Río Negro es que cuando la responsabilidad de la ejecución del programa estuvo en manos de la organización indígena, del Parlamento Mapuche, pudimos avanzar con el relevamiento en casi cincuenta comunidades, pero después, en los últimos años, eso no fue posible, porque la dirección del programa la llevó el gobierno provincial”, consideró el werken.

“En función de eso proponíamos tener la dirección del programa, algo a lo que la Provincia no accedió”, explicó.

“Aceptamos que ellos tengan la responsabilidad de la ejecución en lo económico, con el manejo de los fondos”, apuntó el werken, para completar: “Pero pedimos no solo integrar un organismo interjurisdiccional, formado por las tres partes, que va a delinear el mecanismo de ejecución, sino tener el coordinador general, que es quien tiene que articular con los equipos técnicos, que debe ser una persona con conocimiento de las comunidades, de la zona, de los caminos. Queríamos que, como ha pasado en otros tiempos, lo proponga la organización indígena y se decida en un parlamento”.

Asimismo, aclaró que también se deslizó la viabilidad de "que, en vez de un coordinador general, sean tres”.

“Estamos abiertos a esa posibilidad”, afirmó, y reflexionó: “El gobierno tiene todas las puertas abiertas para firmar”.

Así, el vocero mapuche expuso que, desde el sector que representa, se mantienen a la espera de la respuesta de las autoridades provinciales.

Según opinó, todo hace pensar que se puede llegar a un pronto entendimiento, pero, en caso de que eso no ocurriera, se realizaría un parlamento indígena en septiembre para tratar específicamente la cuestión. Carriqueo también mencionó otra acción posible: “Quizá podamos hacer algún amparo exigiendo la aplicación en la provincia, porque el Estado Nacional está obligado a hacer los relevamientos en virtud de la ley de orden público en primera instancia y, en segunda,  por un fallo internacional que lo condena por incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios”.