Eugenio Burzaco fue secretario de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich era ministra del área.

Durante ese período murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y se extraditó a Facundo Jones Huala.

Mientras algunos partidarios del PRO hablan de su posible candidatura a intendente de Bariloche, ciudad en la que reside con intervalos –distintas cuestiones lo obligan a un ida y vuelta constante con Buenos Aires–, aceptó un mano a mano donde el eje fue la cuestión mapuche.

–Esta semana ocurrió un nuevo hecho violento en Villa Mascardi –el incendio de una propiedad–. ¿Cómo analiza la situación que se vive allí?

–Nos preocupa mucho. Ningún reclamo, legítimo o no, se puede discernir por medio de la violencia. Muchos actos suenan a acciones terroristas. Cuando se intenta generar miedo, que la gente se vaya y abandone su propiedad a partir del terror, esta realidad no puede dejarse aislada de lo que sucede al otro lado de la frontera, en Chile. Estos grupos tienen conexiones.

–Entonces, ¿ve una relación directa entre lo que ocurre en Chile y en la Patagonia argentina?

–Sí. En los últimos meses hubo un incremento muy marcado en la actividad de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). En paralelo, se ve una inacción del Gobierno nacional. Es difícil de comprender… Y la ayuda federal es necesaria para generar un marco de mayor pacificación. Este es un Gobierno lleno de contradicciones… En su momento, detuvimos a Facundo Jones Huala, lo enjuiciamos en Bariloche, lo extraditamos al país donde fue encontrado culpable, y este Gobierno nacional, a pesar de que ellos (los grupos radicalizados) no aceptan a nuestra Constitución, fue a pedir su excarcelación…

–¿Piensa que ahora, que se encuentra prófugo (desde que, al otro lado de la frontera, se revocó su libertad condicional), se lo está buscando?

–No pareciera. Sé que no es fácil. En su momento, a nosotros, encontrarlo nos tomó varios meses, pero también es cierto que cuando el Estado tiene voluntad de resolver los problemas genera resultados. Escuchaba que Aníbal Fernández decía: “No quiero militarizar la Patagonia”… Nadie pide eso, de hecho él no es el ministro de Defensa, sino de Seguridad. Lo que hay que hacer es poner un equipo de investigación, saber qué está pasando, si realmente hay un grupo activo y violento detrás de estas acciones… Averiguar, encontrar a los culpables y llevarlos a juicio, que es lo que corresponde.

–Usted fue secretario de Seguridad cuando ocurrió la muerte de Rafael Nahuel. ¿Cómo recuerda aquel momento?

–Con mucho dolor. Fue una situación que se pudo haber evitado si hubiéramos logrado, por empezar, que el juez nos permitiera poner Gendarmería en el lugar y salvaguardar la zona. Hubo un desalojo pedido por el magistrado y se cumplió, porque el predio se desalojó. En su momento, pedimos que la Gendarmería permaneciera en el sitio, y el juez no quiso por el antecedente de Santiago Maldonado, por lo cual tuvimos que dejar una patrulla de Prefectura, con poca gente, y quienes habían sido desalojados volvieron y tuvieron ese enfrentamiento trágico.

–¿Qué diferencia hubiera existido de haber estado Gendarmería?

–Creo que hubiera habido mucha más cantidad de efectivos en el lugar…

–¿Para que no regresaran quienes habían sido desalojados?

–Como forma de tratar de evitar que volvieran a ocupar el terreno y que todo terminara como terminó, donde no solo se metieron en el predio de Parques Nacionales, sino que han ido ocupando los lugares de todos los vecinos, quemando casas, siguiendo con la violencia.

–Hay una discusión instalada, especialmente en Bariloche, aunque es un tema que trasciende a la zona, acerca de si lo que sucedió no fue directamente un asesinato…

–Nosotros vimos las pruebas que Prefectura presentó, de que hubo un enfrentamiento. El juez no permitió entrar en la escena del crimen por más de un mes, una cosa, a nuestro entender, totalmente irregular, porque, si hubo un enfrentamiento, en las primeras dos horas encontrás las vainas. Si no, es difícil. Ahora el tema está en la Justicia, que determinará… Yo creo en lo que Prefectura nos planteó, acerca que de que hubo un enfrentamiento que terminó con una tragedia.

–Lo de Rafael Nahuel siguió, en una línea de tiempo, a lo que pasó con Santiago Madonado, otro hecho que le tocó vivir desde su cargo en Seguridad. A la distancia, ¿qué tiene que decir de aquel caso?

–Veo aquello como una situación muy compleja. Pasamos varios meses donde nos inculparon de cosas que, obviamente, no eran verdad, y me refiero a toda clase de barbaridades. Después de que cincuenta y dos peritos determinaron que el chico, lamentablemente, se ahogó cruzando el río, sin que nadie lo golpeara ni nada, siguen con la teoría conspirativa de que nosotros lo matamos… Son hechos lamentables que hay que evitar que ocurran, y la mejor manera de que eso suceda es con presencia de las fuerzas de seguridad en los lugares, estableciendo ciertos marcos donde uno pueda negociar con la gente que, conforme a la ley, hace reclamos justos, diferenciándola de aquellos que cometen delitos y ejercen violencia.

–En esos tiempos se hizo un informe sobre la RAM y se formó el Comando Unificado. A casi cinco años, con todo lo que sucedió en medio, ¿cree que aquello fue acertado?

–Lo que marcaba el informe era la conexión entre los grupos locales y las agrupaciones chilenas, el entrenamiento de muchos de ellos en Chile y Colombia, los vínculos entre la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco, de Chile) y la RAM… Lo más grave es que se reivindica una nación que no es Argentina. Dicen que quieren lo que llaman Wallmapu, que directamente es un intento por quedarse con un territorio de todos los argentinos, que incluye Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y una parte de la provincia de Buenos Aires. Cuando la ministra chilena del Interior (Izkia Siches) reivindicó a Wallmapu, para mí, se trató de un tema internacional grave. Como argentino, me pareció notable que el Gobierno de este país no reaccionara, no pidiera una aclaración o algo. Puede haber reivindicaciones reales, que sean legales, que deben respetarse, pero discutir sobre el Estado-nación, la territorialidad argentina, excede nuestra Constitución y, por lo tanto, no lo podemos permitir.

–En un hipotético gobierno del PRO, o de Juntos por el Cambio, ¿qué cree que habría que hacer para que cesara la violencia en Mascardi?

–Debe haber presencia de fuerzas federales y se tiene que hacer respetar la ley. Y hay que tener paciencia para aceptar los tiempos de la Justicia, que muchas veces es lenta, y la gente se frustra, pero yo creo que siempre llega… Además, en ese caso concreto, no hay ningún hecho reivindicativo real, sino una persona que dice que ahí tuvo un contacto interestelar o algo así, una cosa rara que linda con el ridículo. Al principio, todo era sobre terrenos federales, donde el Estado nacional no hacía nada, o era lento, pero ahora empezaron sostenidamente a quedarse con bienes de personas que no tienen manera de defenderse. El Estado no puede permanecer ciego y no proceder ante la debilidad de un ciudadano común al que le robaron su propiedad. Si no, rompemos un principio básico del Estado de derecho. ¿Qué haría yo como Gobierno nacional? Le daría un apoyo a la provincia de Río Negro para imponer un marco de seguridad y tranquilidad con el fin de poder negociar con aquellos con que se tiene que hacerlo –y encontrar una solución–, y actuar con los que se conducen en la ilegalidad.