Un bajo porcentaje de las personas con discapacidad con edad de trabajar, acceden a un puesto. Conocé el gran trabajo de una Asociación civil rionegrina.

Si bien todos los especialistas aseguran que en los últimos años hubo modificaciones culturales que se plasman en una apertura mental hacia las personas con discapacidad, también indican que sigue siendo una problemática visible y preocupante la dificultad para que accedan a una fuente laboral genuina.

Los números manifiestan que solamente alrededor un 33 por ciento de las personas con discapacidad con edad de trabajar, acceden a un empleo.

El Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPD) informaba a marzo de 2022 que en el país hay 1.503.779 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

"El trabajo dignifica y da sentido a la existencia, es un lazo esencial que permite la raigambre con el resto de la sociedad. Ubica a las personas, y a sus familias en redes saludables y los posiciona ante las dificultades con mayores posibilidades de afrontar los conflictos vitales y sociales", asegura a este portal la doctora Helga Ticac, licenciada en Trabajo Social.

Ella preside la Asociación Civil Grupo Inca "Amigo que ayuda" que trabaja hace más de 20 años en la inclusión de personas con discapacidad, que nació en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) pero que amplió su espectro a otros sectores sociales.

"Desde el año 2013 presentamos proyectos de inclusión laboral denominados Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, para que los jóvenes no solo se capaciten en áreas y disciplinas específicas, sino que se formen en otras que son de su interés. Quienes participan de los proyectos reciben una asignación", explicó Ticac.

En este proceso han contado con el acompañamiento fundamental del Ministerio de Trabajo a través de la Agencia de Empleo, la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad (ex Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad) y la Unidad de Servicios para el Empleo (USEP) del Municipio de General Roca.

Un análisis de quienes forman parte de los programas de inclusión laboral indica que: Sobre 131 personas, 79 son varones (el 60,30%), 52 mujeres (representa 39,69). La discapacidad predominantemente es mental, luego sensorial, visceral y multidiscapacidad y los rangos de edades de la mayoría de personas son de 19-29 y de 30 a 35 años.

El desafío y el enorme trabajo de la Asociación INCA es que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente y hacer ejercicio de sus derechos. Para ello están los programas vocacionales continuos en talleres de intereses y aptitudes.

"El objetivo de sumarse es buscar el conocimiento y autoconocimiento de los aspectos más favorecedores para las personas. Para ello se tienen en cuenta sus características personales, educativas y sociales", indican desde la Asociación.

Al respecto, Ticac indicó que "resulta importante para un desarrollo de los procesos de capacitación, formación, y base para la inclusión laboral futura" pero remarcó que "luego de todo este proceso tan productivo para la persona, su grupo y su familia, y culminando el proyecto laboral que tramitamos ante el Ministerio de Trabajo, vía USEP, no se encuentran las vías para la inclusión plena, previstas".

Es fundamental recordar que la La Ley Nacional 25.689 obliga al Estado nacional y a todos sus organismos a emplear personas con discapacidad, de modo que se cubra no menos del 4% del personal.

También está en plena vigencia la Ley Provincial 5.325 en su artículo 18 establece: “el Estado provincial -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, las sociedades del Estado, sociedades anónimas y todas aquellas empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias-, está obligado a ocupar personas con discapacidad, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, conforme a las condiciones que siguen".

Refiere además algo muy innovador y que pone a la provincia en un lugar de avanzada como es que "en caso de fallecimiento de aquella persona ingresada mediante la aplicación de esta ley, tendrá prioridad para su reemplazo otra persona con discapacidad, siempre que cumplan todas las condiciones que para el ingreso establece la presente. Dicho beneficio entrará en vigencia en el mismo año en que se produjo la baja".

El escollo en el camino es que una vez finalizadas las capacitaciones las personas "continúan sin conseguir un sitio laboral para desarrollar una inclusión plena. La mayor parte de estos jóvenes ya se encuentran preparados para ingresar a una institución para trabajar, cumplir horarios, responder consignas, desarrollarse en una carrera como cualquier otra persona" dijo Ticac. 

"Para que dejen de ser programas y pasen a ser trabajadores, pedimos a nuestras instituciones públicas y privadas ser partícipes de un cambio favorable para toda la comunidad", destacó la profesional.

Sin espacio propio

Otra gran dificultad que tiene el grupo para desarrollar una tarea fundamental e inclusiva es que como organización no cuentan con un espacio propio. Para subsanar el problema realizaban convenios con instituciones públicas y organismos como las asociaciones de discapacidad. "Con ellos trabajamos en red en forma permanente, para ofrecer espacios de capacitación y prácticas. Pero la esperada inclusión laboral no se concreta" dijo la magister.

"El modelo que perseguimos tiene como objetivo que las personas con discapacidad sean independientes y que finalmente estén incorporadas en un ámbito laboral real y concreto de trabajo, lo cual los pondría en igualdad de condiciones con los demás", finalizó Ticac.

Quienes quieran tener la experiencia real de incorporar a jóvenes con discapacidad preparados para trabajar deben escribir para recibir información y conocer requisitos a  [email protected].