Lo detuvieron por no presentarse a las audiencias y lo imputaron por estafa

Jorge Ariel Barrera, de 51 años, había sido citado en varias ocasiones a audiencias judiciales en el marco de una causa en la que está imputado junto a otras personas por una estafa telefónica de la que fue víctima un matrimonio de Bariloche. Como no se presentó, lo declararon rebelde y ordenaron su captura. Aunque ahora recuperó su libertad, quedó imputado en una causa por las estafas.

La fiscala Alejandra Bartolomé y la abogada que representa a los denunciantes, María Rodrigo, acusaron formalmente a Barrera por un hecho ocurrido en junio de 2020, cuando mediante un engaño telefónico, indujo al error a un matrimonio barilochense, generándole un perjuicio económico cercano al medio millón de pesos.

En la consumación del hecho participaron varias personas que ya habían sido formalizadas. Inclusive el caso está avanzado para buscar diversas salidas alternativas, pero Barrera no se había presentado a las audiencias anteriores, por lo que se ordenó su detención.

Una vez concretada la misma, fue puesto a disposición del juez de Garantías Ricardo Calcagno, que aceptó la imputación en su contra, otorgó dos meses de plazo para completar la investigación y arribar a un acuerdo que ponga fin al caso, además de levantar la orden de rebeldía y captura que pesaba sobre Barrera.

Según la acusación, como parte de un mecanismo común en el último tiempo, una persona se comunicó telefónicamente con la víctima, mostrándose interesada en la compra de un cuatriciclo que el matrimonio damnificado ofrecía a la venta a través del canal Marketplace de la red social Facebook.

En pocos minutos, simularon un error en la transferencia y se comunicaron con el vendedor aduciendo una honda preocupación porque se habían equivocado en el importe de la transferencia, agregándole un cero y depositando en definitiva mucho más dinero del que correspondía.

Los estafadores exhibieron un comprobante apócrifo por una transferencia de 250 mil pesos y le pidieron al damnificado que se acercara a un cajero automático y siguiera las instrucciones del personal bancario que se comunicaría telefónicamente.

De ese modo, las víctimas no hicieron más que brindarle las claves de acceso a las cuentas bancarias, por lo que en cuestión de minutos los estafadores solicitaron créditos preaprobados y de inmediato se transfirieron el dinero a diversas cuentas de su propiedad.

La fiscala subrogante Alejandra Bartolomé advirtió que en el caso hay otros imputados y la investigación desplegada ya está en condiciones de ser sometida a una audiencia de control, para definitivamente decidir cuál será el destino final del caso: un juicio o un acuerdo alternativo que ponga fin al proceso.

Por esa circunstancia, teniendo en cuenta que la investigación del hecho se encuentra avanzada, solicitó un plazo de dos meses de investigación penal preparatoria en torno a Barrera, al que acusó como partícipe necesario del delito de estafa.

La defensora oficial Mónica Goye no se opuso a la formulación de cargos, pero planteó que el plazo de investigación debía establecerse en cuatro meses.

No obstante la petición defensiva, el juez Ricardo Calcagno consideró que había sido el propio Barrera el que decidió eludir la acción judicial al no presentarse en audiencias anteriores, por lo que teniendo en cuenta el avance de la investigación para sus consortes de causa, adhirió al pedido fiscal y estableció un plazo de dos meses para completar la etapa preparatoria del caso.