La renuncia de la ministra Florencia Perata no calmó los ánimos y hubo una movilización pacífica en la plaza para reiterar los reclamos y pedidos de castigo a los responsables del hecho ocurrido hace una semana, donde 72 estudiantes y docentes resultaron intoxicados por monóxido de carbono en una escuela secundaria del barrio Buenos Aires Chico, provincia de Chubut. 

Toda la comunidad de El Maitén sigue preocupada “por lo que pudo ser una desgracia de características mayúsculas”, en referencia a la intoxicación con monóxido de carbono que afectó la semana pasada a, al menos, 72 estudiantes y docentes de la Escuela 7719 “Agro y Ambiente”, con sede en Buenos Aires Chico, un barrio emplazado a cinco kilómetros del casco urbano.

Muchas de las víctimas estuvieron internadas y son varias quienes aún padecen las secuelas, con síntomas diversos.

En tanto, la comunidad educativa realizó este lunes una movilización pacífica en la plaza del pueblo ferroviario, donde las familias reiteraron su pedido de justicia y volvieron a apuntar contra “el Ministerio de Educación por la adjudicación de la obra de refacción de las calderas, que se hizo con materiales de mala calidad, a las apuradas y no fue supervisada ni posteriormente, autorizada por técnicos de Camuzzi”.

En la misma convocatoria, “tomaron la palabra los chicos del centro de estudiantes y algunos padres. Participaron otras escuelas de El Maitén y de otras localidades, junto a diferentes gremios que llegaron a apoyarnos en esta lucha”, graficó uno de los convocantes.

Cabe destacar que en la jornada también renunció la ministra de Educación, Florencia Perata, quien iba a ser convocada a una interpelación en la Legislatura por los hechos de El Maitén. Precisamente, los padres subrayaron esta mañana que “no estamos conformes por su desempeño en la coyuntura, ya que le interesó más la entrega de netbooks que la vida de los chicos”.

En coincidencia, el fiscal Carlos Díaz Mayer estuvo hoy en Rawson buscando el expediente de la obra de gas en el colegio afectado, que a su criterio “será la punta del ovillo, porque va a determinar quién ordenó, quién dispuso y qué pasó con la primera refacción que no se habría realizado bien”, según adelantó.

Puntualmente, sobre el informe de Camuzzi señaló “algunas irregularidades en la instalación, situaciones que observaron de cómo estaban puestos algunos artefactos”.

Recordó que en la primera inspección que hizo un funcionario de la fiscalía observó “las irregularidades o diferencias entre lo que se había observado a las 8 de la mañana y lo que se observó después del mediodía”. Precisamente, registros fotográficos “muestran los cambios en la instalación de gas, que se habrían producido después de la intoxicación en el establecimiento educativo”. 

Al respecto, la justicia cuenta con testigos y fotos de esa situación y ahora “resta determinar quién lo dispuso, como para encontrar al responsable”.

“Es obvio que el nivel de responsabilidades lo va a determinar la justicia. Nosotros, como padres, vamos a estar atentos a que no se dilate en el tiempo. El viernes tuvimos una asamblea con los ministros de Educación y de Infraestructura, con la conclusión de suspender por 45 días las clases para realizar los trabajos de reacondicionamiento del edificio”, reflejó Sebastián Wodicka, uno de los referentes de la movilización popular. 

A su lado, Vanesa Nahuelquir remarcó la expectativa generalizada de que “esto no quede impune, que paguen todos aquellos con algún nivel de responsabilidad. Estamos cansados y no nos vamos a callar más, porque las cosas se vienen haciendo de manera irregular. Mi hija estaba intoxicada e internada con oxígeno porque no podía restablecerse. Ahora sigue con problemas de visión y dolores de cabeza. Estoy esperando que se active el seguro escolar, hoy ya es lunes y todavía no nos llamaron del organismo competente”, precisó.

A su turno, Gladys Fernández recalcó “la gravedad de la situación, si bien no tenemos que lamentar la pérdida de vidas, esto no tiene que volver a pasar. La escuela tiene que ser un lugar seguro para nuestros hijos, pero este gobierno viene a los tropezones desde hace años y son muchos los establecimientos escolares que no están en condiciones. Basta de mentiras, porque son niños los que están ahí dentro y son el futuro que tenemos que cuidar”.

De igual modo, Jésica Fernández se identificó como “docente y mamá de dos alumnas que asisten a ese colegio”. Desde su óptica, “faltan garantías de que las cosas se hagan bien, porque hasta ahora son palabras y así no podemos seguir. Se habilitó una escuela que en realidad no podría haber funcionado y los directivos confiaron en alguien que  estaba a cargo de la obra y dijo que estaba todo listo”.