La Fiscalía de Lago Puelo, a cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer, inició de oficio una investigación al tomar conocimiento de la intoxicación masiva de alumnos y docentes con monóxido de carbono. El gobernador Mariano Arcioni, patrocinado por el fiscal de Estado, presentó una denuncia que fue agregada al legajo de investigación.

El abogado de Fiscalía, Agustín Hermosilla, se hizo presente en el edificio escolar el jueves por la tarde, acompañado por personal de Criminalística y de la empresa proveedora del servicio de gas. También tomó contacto con las familias de los niños y niñas afectados por la intoxicación.

La Fiscalía encontró indicios de presuntas maniobras para modificar la escena de los hechos. Los investigadores cuentan con registros fotográficos que dan cuenta de un estado de las instalaciones a primera hora de la mañana, en tanto que otro fue el escenario encontrado en la visita realizada el mismo día a las 18 horas.

Qué denunció el gobernador

La presentación requiere que se investigue un presunto delito de acción pública, perpetrado a resultas de las obras de gas y refacciones realizadas en la escuela 93 del paraje Buenos Aires Chico de la localidad de El Maitén.

La denuncia da cuenta del riesgo colectivo, evidenciado en el hecho que acaeció entre los días 22 y 23 de junio de 2022, cuando en horas de la tarde y a raíz de un escape de monóxido de carbono, varios alumnos que se encontraban presentes en el establecimiento educativo donde funcionan las escuelas 93 y 7719 vieron peligrosamente afectada su salud y debieron ser inmediatamente atendidos en el nosocomio local.

El 22, fueron atendidas por guardia 58 personas de entre 12 y 18 años, de las cuales 19 fueron internadas con sintomatología leve, mientras que las principales consultas fueron por cefaleas, náuseas y vómitos. El informe del hospital da cuenta de que al día siguiente ingresaron más personas, en total fueron atendidas 72 personas entre alumnos y personal docente.

El mandatario denuncia negligencia de la empresa constructora a cargo de reformas en la institución educativa. Ya que la obra no contaba con la “vista final”, ni habría habido la correspondiente inspección, aprobación y habilitación para el funcionamiento del establecimiento educativo.

Por estos motivos se inició un sumario administrativo, en paralelo a la presentación de la denuncia penal.