Referentes indígenas se acercaron al edificio del Poder Judicial, en Viedma, donde se reunieron con la secretaria de Gestión y Acceso a Justicia, Silvana Mucci, a quien le entregaron un documento donde expresaron su intranquilidad ante ciertas cuestiones, además de señalar algunos requerimientos, con el fin de que sean tenidos en cuenta, en el marco de la marcha mapuche que se realizó el viernes.

El texto consta de cinco puntos. En el primero de ellos, manifestaron “su profunda preocupación por el desconocimiento de los magistrados/as y funcionarios/as judiciales del derecho indígena en general, leyes internacionales, nacionales y provinciales, como la 2.287 en particular, en la resolución de los conflictos que llegan al Poder Judicial en los distintos fueros e instancias”.

En segundo lugar, consideraron que “no es el fuero penal el ámbito adecuado y propicio para dilucidar y resolver las cuestiones vinculadas con el territorio que tradicional y ancestralmente ocupan las comunidades mapuches”.

En tal sentido, añadieron: “En cada causa penal recurrentemente se realizan imputaciones de modo individual, desconociendo la preexistencia de las comunidades”.

En el tercer ítem, expresaron que “creen conveniente la construcción de un espacio que se integre con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Coordinadora del Pueblo Mapuche y el CoDeCi (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas), donde se puedan generar acuerdos y revisiones de los títulos, conforme lo establece la Ley 2.287, para evitar la profundización del conflicto social, la estigmatización y la criminalización del pueblo mapuche, la negación de los derechos y la violencia contra las comunidades”.

A su vez, como cuarto punto, reclamaron que “el Poder Judicial intervenga ante la Fiscalía de Estado sobre las cientos de denuncias referidas a investigaciones de entrega fraudulenta de tierras y títulos”.

La quinta cuestión sobre la que hicieron hincapié refería a un tema puntual. Así, en el texto que dejaron en el Poder Judicial, los referentes indígenas expusieron que, en particular, les “preocupa la situación del Lofche Antual-Albornoz”. Expresaron que entienden que “el Ministerio Público Fiscal debiera apelar más al diálogo”, y afirmaron que los alarma “el riesgo que está corriendo Natividad Antual por las condiciones violatorias de sus derechos humanos”, en relación a una mujer que, cerca de Jacobacci, con problemas de salud, se mantiene en un terreno en conflicto, temiendo que, al salir, le prohíban volver a ingresar. 

De ese modo, concluyeron con un pedido, “de modo formal y urgente”, de “una audiencia con los jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia para trabajar en el sentido manifestado”.

Más allá de esto, cabe remarcar que, tras la marcha en Viedma, autoridades de diversas comunidades indígenas se reunieron en El Cóndor para realizar un trawun (encuentro), donde, según explicó el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, se definió “resistir cualquier tipo de desalojo comunitario en la provincia en conflictos con privados o el Estado nacional, el provincial o el municipal”.

“Vamos a desconocer cualquier fallo judicial que implique el corrimiento de una comunidad”, afirmó el referente.