Solicitan una mesa de diálogo para solucionar el conflicto de la lof Antual

Desde diversos sectores expresaron preocupación por la situación de la lof Antual, integrante de la comunidad Carrilafquen, a pocos kilómetros de Ingeniero Jacobacci, donde el viernes de la semana pasada se produjo un infructuoso intento de desalojo.

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Por ejemplo, desde el grupo de mujeres mapuches denominado “Witraleiñ Taiñ pu Zomo” se manifestó: “Repudiamos la orden de desalojo dictada por el juez penal de Bariloche Juan Pablo Laurence, y confirmada por el juez Marcelo Álvarez Melinger, quien actuó sin atender los planteos de la defensa sobre la aplicación de los derechos indígenas y desconociendo los efectos que la ley le otorga a los recursos que esa parte interpuso”.

“Esta arbitrariedad fue confirmada por los jueces del Tribunal de Impugnación, Dres. Carlos Mohamed Mussi, Rita Custet Llambí y Adrián Zimmermann, y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, donde actualmente se tramita un recurso extraordinario federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de Nación”, expresaron a través de un comunicado, en el que añadieron: “También repudiamos el accionar del fiscal Martín Lozada, quien de manera sorpresiva y violenta se presentó en el territorio de la lof Antual el viernes 1° de abril, comandando un grupo de la policía montada para desalojar a las pu lamien (hermanas) María y Natividad Antual, quienes se encontraban en el territorio al momento del operativo policial”.

“Dicho desalojo se ejecutó de manera parcial y quedó suspendido a partir de la intervención del presidente del CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas), Newen Loncoman, y del werken del Parlamento (Mapuche-Tehuelche de Río Negro), Orlando Carriqueo”, apuntaron. 

Además, puntualizaron que Natividad permanece en el territorio, con heridas en una de sus manos, sucedidas al tratar de evitar el ingreso de efectivos policiales en la rudimentaria vivienda donde las hermanas se encontraban, mientras que María salió para mantener una audiencia en Jacobacci y luego no se le permitió reingresar.

“Una vez más, se repiten las históricas actitudes violentas (en particular hacia las mujeres mapuches) por parte del Gobierno de Río Negro a través del poder judicial en contra de las comunidades mapuches y a favor de los terratenientes, en este caso de origen árabe o turco, los cuales se caracterizan por ser algunos de los mayores usurpadores de los territorios mapuches en la región sur”, consideraron. 

Asimismo, relacionaron la cuestión con lo sucedido en Cuesta del Ternero con la lof Quemquemtrew, donde, afirmaron, hubo un “ensañamiento que dio lugar a que los socios de Rolando Rocco (quien se presenta como propietario de aquel sitio en conflicto) asesinaran al lamien (hermano) Elías Cayicol Garay e hirieran gravemente con arma de fuego a Gonzalo Cabrera”.

“Con el objetivo de evitar situaciones que agraven el conflicto territorial en la lof Antual, el abogado defensor le solicitó al fiscal Martín Lozada una mesa de diálogo con la presencia de representantes del CODECI y del Parlamento Mapuche, INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el Ministerio de Género y Diversidad de Nación”, expusieron, para luego recalcar que, desde la agrupación de mujeres mapuches, apoyan esa petición. 

Justamente, la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, solicitó al presidente del Consejo de la Magistratura de Río Negro, Sergio Mario Barotto, y a la representante por el Fuero Penal-3ra. Circunscripción, Romina Lía Martini, se informe acerca de una mesa de diálogo que se solicitó –“desde un principio”– desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo, en relación al proceso en el que se dictó la orden de desalojo. 

De esa manera, se consideró que esa “es la única vía para atender una compleja situación social, en particular la defensa de los derechos territoriales”.

Al respecto, Odarda expresó: “Es urgente encauzar el conflicto priorizando el diálogo, y de ninguna forma utilizar medidas que impliquen el uso de la fuerza pública”.

En otro comunicado, en tanto, firmado por integrantes de comunidades mapuches, miembros de la Asamblea en Defensa del Agua y del Territorio de Ingeniero Jacobacci y representantes de varias organizaciones sociales, se informó acerca de la decisión de comenzar un acampe en el ingreso al territorio en disputa.

Manifestaron que la medida es en solidaridad con quienes atraviesan esta situación en particular, pero, a la vez, denunciaron “violencia estatal” hacia los pueblos originarios, así como también hicieron referencia a “la venta y entrega de tierras a empresarios extranjeros”, y recordaron las muertes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay.

Por otra parte, más allá de también pedir por una mesa de diálogo, y de solicitar que se deje reingresar en el territorio a María Antual, destacaron la necesidad  de la “implementación urgente de la Ley de Relevamiento Territorial 26.160”.

“Desde las organizaciones y comunidades que acompañamos solidariamente a la comunidad, consideramos que ese debería ser el primer paso para comenzar a resolver los múltiples conflictos territoriales que se suscitan en esta provincia y que son resueltos sin considerar el derecho indígena y la legislación que nos ampara a nivel nacional y supranacional”, sostuvieron.