La gobernadora ofreció algunas precisiones sobre la futura Dirección de Pueblos Originarios

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, hizo una movida políticamente inteligente cuando anunció que entregaría títulos de propiedad de tierras fiscales a aquellos habitantes que viven en predios de esas características y, a la vez, expuso su intención de brindar títulos comunitarios.

Cuando la problemática con cierto sector de los pueblos originarios había alcanzado una algidez notoria, y la Ley Nacional 26.160, de emergencia territorial indígena, sumaba una nueva prórroga, en lo que ya parece un cuento de nunca acabar (una normativa que nació con una duración previamente estipulada, precisamente por considerarse de “emergencia”, se estira y estira sin mayores avances), la funcionaria brindó una muestra más de perspicacia y pateó el tablero.

Al ofrecer regularizar la situación de gente de campo que ocupa tierras fiscales y, al mismo tiempo, emprender una especie de cruzada por solucionar un tema donde la violencia suele interferir, la gobernadora mostró una sabiduría estratégica al inclinarse al tratar estas cuestiones.

Cabe recordar que la primera vez que habló del tema en público fue a su regreso de la gira por Rusia y China, como parte de la comitiva encabezada por el presidente, Alberto Fernández.

Como si hubiese venido con energías renovadas, en aquella ocasión, en un encuentro con la prensa tras una actividad en el INVAP, contestó, sin poner pero alguno, sobre todo lo que se le consultó, aun cuando la reunión con los periodistas se demoraba más de lo pensado.

Esa vez, soltó estratégicamente el tema.

Luego, lo retomó en el ámbito de la Expo Rural de Bariloche.

Lo suyo parecía intentar marcar territorio y, a la vez, ponerle una curita a ciertas grietas.

Claramente, los discursos que ofrecieron las autoridades de las entidades rurales en aquel momento expusieron un escenario de conflicto, con cuestionamientos al gobierno nacional, aunque con una clara carta de confianza al provincial.

En ese contexto, Carreras subió al escenario y habló de la regularización de títulos... Pero no solo para los “huincas”, sino también para las comunidades indígenas, aunque aclaró que debían “estar libres de conflictos legales y disputas territoriales”.

En la apertura de las sesiones legislativas 2022, volvió a referirse al tema, y expuso la presentación de un proyecto para la concreción de su propuesta.

En lo que hace a los títulos de propiedad comunitaria, formuló la intención de crear una Dirección de Pueblos Originarios, como el ámbito específico para su tramitación, dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad.

Tal referencia cayó mal en algunos sectores representativos indígenas de la provincia.

Tanto desde la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro como del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas provincial (CODECI) se alzaron voces en disonancia.

Más allá de resquemores que vienen de antiguas disputas, la problemática gira en torno a la letra chica que podría tener esta iniciativa de la gobernadora, además de advertir que no se les consultó al respecto, lo que los integrantes de esas organizaciones de pueblos originarios consideran que es una obligación.

Por otra parte, hace unos días, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, tras una audiencia por el conflicto del lago Escondido, habló con los periodistas y, al ser consultada sobre el proyecto de la gobernadora (con quien no es ningún secreto que no se lleva para nada bien), contestó: “Me sorprendió, pero me parece bueno que Río Negro comience a trabajar en eso”.

Igualmente, puso sus reparos, y advirtió -precisamente- que Río Negro “es la única provincia donde no se ha entregado un solo título comunitario desde que se constituyó como tal”, y así apreció que “es hora de que comience a hacerlo”.

Además, consideró que, ante acciones relacionadas con la temática, se debe dialogar previamente con los interesados, es decir con quienes integran las comunidades: “Tengo entendido que todavía no se ha cumplido con esa consulta a los pueblos indígenas y sus organizaciones”, apuntó.

“Incluso una ley provincial debe ser consultada”, opinó Odarda.

Así, en este punto de la situación, Arabela Carreras aceptó un diálogo mano a mano sobre la temática.

–¿Qué precisiones puede dar sobre la Dirección de Pueblos Originarios?

–Nosotros tenemos distintas organizaciones de y con pueblos indígenas, lo que nos está faltando es un organismo gubernamental que gestione hacia dentro del Estado. Por ejemplo, el CODECI genera un cierto nivel de demanda y necesitamos un interlocutor específico que se dedique en forma exclusiva a gestionar estos temas. Así, estamos colaborando y acompañando, desde el Estado, proyectos productivos de algunas comunidades: el cerco perimetral, la provisión de alimentos para los animales, los fardos… así como otros temas, como el Plan Calor y el mejoramiento habitacional. Entonces, lo que queremos hacer, cuando se trata de comunidades, es que tengan un interlocutor específico que haga un seguimiento a la gestión.

–¿Pero no entraría en conflicto con la función del CODECI?

–No, porque el CODECI va a seguir con su propia actividad, ya arreglada. Lo que necesitamos es a alguien que tome las inquietudes del CODECI y las gestione hacia dentro del Estado de manera transversal.

–Entonces, ¿también sería un interlocutor entre el CODECI –aun siendo un órgano de cogestión– y el Estado?

–Claro, y, sobre todo, con los distintos ministerios. El CODECI forma parte del Ministerio de Gobierno, pero necesitamos un funcionario que tome las carpetas y recorra los ministerios para ir generando los expedientes específicos, porque hemos notado que, en algunos casos, está la voluntad de gestionar determinada solución, demandada por una comunidad, y esa solución no está adecuadamente gestionada hacia el interior del Estado, porque los interlocutores no saben en qué ministerio hacerlo, o desconocen cómo construir un expediente. Este sistema nos ha dado mucho resultado en el caso de la Dirección de Comisiones de Fomento, porque si bien el comisionado de Fomento puede perfectamente gestionar frente al Estado, ya que es una autoridad reconocida territorialmente y en su jerarquía, al tener un director, se agiliza toda la gestión de los distintos trámites. Esa es la voluntad. De todos modos, vamos a ir construyendo ese concepto, hasta llegar a la posibilidad de tenerlo.

–Desde el CODECI se reclama que no se les consultó nada al respecto… 

–No es requisito constitucional para la gobernación hacer ningún tipo de consulta a la hora de nombrar a su equipo de trabajo, a sus funcionarios. Vamos dialogando, y la intención es avanzar.

–¿Se puede, entonces, retomar un diálogo que, según dicen desde la otra parte, está algo roto?

–No está roto. 

–¿Hay diálogo con el CODECI?

–Nosotros dialogamos con todos los sectores. Estamos trabajando con las comunidades. El CODECI acaba de tener nuevas autoridades, y todavía no hemos alcanzado a reunirnos. Cuando estaba Valentina (Curufil), nos veíamos habitualmente, conmigo, pero normalmente con el ministro de Gobierno (Rodrigo Buteler), que es su interlocutor, y el diálogo ha sido permanente.

–La idea, entonces, ¿es seguir de igual manera con Newen Loncoman (escogido en el reciente Parlamento de pueblos originarios como presidente del CODECI)?

–Sí, lo que pasa es que todos tenemos que poner voluntad para el diálogo. Nosotros la tenemos, y la vamos a seguir sosteniendo como lo hicimos hasta ahora.

–En estos días, ¿hubo reuniones con el INAI?

–Sí, están reuniéndose con el Ministerio de Gobierno.

–Y, en ese caso, ¿el diálogo es bueno?

–Sí… Son equipos técnicos… Las diferencias profundas son de perspectiva política con respecto a su conducción. Y eso es inevitable que siga vigente. Pero, en el trabajo, se están logrando acuerdos.