El 9 de diciembre de 2021, Carla Pervanas, desesperada por la realidad que atravesaba, habló con Realidad SanMartinense para visibilizar los hechos de violencia de género que estaba sufriendo desde hacía tiempo por parte de su expareja. Ahora, esto “se profundiza en manos de la Justicia”, explica. “En lugar de ayudarme a poner a salvo a mi hijo, me obligan a regresar a San Martín de los Andes, ciudad en la que no cuento con trabajo, contención ni vivienda”.

Tras publicarse la primera nota en ese medio, la jueza Andrea Di Prinzio Valsagna, quien está a cargo de la causa, le permitió a Carla regresar provisoriamente a Caleta Olivia, donde tiene su “casa, trabajo y red de contención”, según ella misma relató. El problema resurge debido a que ese plazo finalizó y tiene que volver con su hijo a nuestra ciudad.

A esta situación, se sumó que su expareja está siendo investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal Número 35 a cargo del Doctor Osvaldo Daniel Rappa, por abuso sexual a menores agravado por el vínculo. La denunciante es la propia hija de Carla, quien publicó lo sucedido en las redes sociales y a quien la propia jueza Di Prinzio le impuso un “bozal judicial prohibiéndole hablar”, relató.

En este caso, Pervanas escribió a RSM relatando el momento que están atravesando y expresó que la jueza quiere que su hijo regrese a esta ciudad. Si bien presentó una apelación, hasta el momento, no obtuvo el resultado esperado: “Vivimos en una situación de violencia de género (todos los tipos de violencia tipificados en el código procesal) incluyendo la violencia institucional y en especial violencia económica y psicológica por parte de mi expareja y padre de mi hijo”, explica en la carta.

En el texto destaca que en ningún momento la letrada tuvo en cuenta el deseo del niño. Respecto a eso, Carla, afirmó: “La jueza nunca escuchó a mi hijo, ni siquiera toma en cuenta el resultado de los peritajes psicológicos ordenados por su mismo juzgado”. A su vez explicó que la licenciada Toscani, a cargo de la pericia, indicó: “Cuando el menor hace referencia a la localidad de San Martín de los Andes refiere que le gustan los paisajes, pero el lugar no, ya que solo tiene a su amigo y su prima”.

Según contó la madre del pequeño en reiteradas oportunidades, el chico fue víctima de malos tratos por parte de sus compañeros de escuela, por lo cual “no reconoce San Martín de los Andes como propio”. Con relación a los vínculos parentales remarcó: “Ningún familiar del padre demostró el más mínimo interés en acercarse a él. Ni siquiera recibió un llamado para su cumpleaños de absolutamente ninguno, incluyendo a su papá”.

Carla no cuenta con los medios económicos para poder solventar la estadía en la ciudad neuquina: “El padre solo pagó 2 cuotas de 20 mil pesos impuestos por el Juzgado, de los cuales gran parte se van en pagar el tratamiento psicológico de nuestro hijo que cuesta 24 mil pesos y que fue pedido por la jueza”.

Carla denunció varias veces a su ex por violencia y por el incumplimiento en su deber con su hijo, sin embargo, es ella quien carga con la medida cautelar que le prohíbe reubicarse en Caleta Olivia, donde cuenta con los medios para brindarle “un buen pasar” al niño.

Respecto a la actuación de la Justicia, Carla, planteó: “En el Juzgado de Familia de la Dra. Andrea Di Prinzio se encuentran todos los expedientes que demuestran claramente la violencia de mi ex, hasta con perimetrales vigentes. Sin embargo, ha tomado todas las medidas siempre en favor de él, sin tener en cuenta los requerimientos necesarios para cumplirlas, como tener una casa, trabajo, alimento, vestimenta, salud. Todo lo que necesitamos para vivir en una ciudad donde nos ha sido sustraído absolutamente todo por parte del agresor a quien sus fallos protegen”.

Por otra parte, explicó que demoraron seis meses en intimar al padre del menor a pagar alimentos, pero, en cambio, “se resolvió en tiempo récord el pedido de restitución de mi hijo a una ciudad en la que él mismo padre aseguró no contar con los recursos para solventarlo; cargando de esta forma toda la responsabilidad en mi persona”.

Esto se debe a que el hombre es abogado y no está colegiado en la provincia de Neuquén, motivo por el cual no puede ejercer la profesión en San Martín. “No tiene trabajo en la localidad, todas las empresas que dirige están domiciliadas en Capital Federal, está de paseo por la ciudad sometiéndonos, vejando nuestra dignidad, y robándonos a cada paso el resultado del trabajo de toda una vida”, indicó Carla.

Por último, Carla en su carta le habló directamente a la jueza y afirmó: “Es muy fácil tomar decisiones sobre la vida de los demás cuando no se tiene la capacidad de ponerse en su piel, en su bolsillo, ni en su corazón. La invito a que viva un día de mi vida en San Martín de los Andes, con mis hijos, sin trabajo, sin casa, sin proyección, con una amenaza permanente de mi ex y con tan solo 266 pesos diarios, sin sueños y con la certeza que la justicia no existe”.