“Creemos que iniciado este proceso de diálogo la orden de desalojo va a quedar en suspenso”

En el encuentro entre integrantes de la lof Quemquemtreu y miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, donde se firmó un acta con varios pedidos por parte de la comunidad, también estuvieron presentes referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Uno de ellos, parte de la Regional Noroeste del Chubut, Nelson Ávalos, consideró: “Creemos que iniciado este proceso de diálogo la orden de desalojo va a quedar en suspenso”.

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“Si Arabela Carreras envió a la Secretaría de Derechos Humanos, ya que el secretario dijo varias veces que los había mandado la gobernadora, suponemos que es porque hay una intención de establecer una mesa de diálogo, donde se va a hablar del territorio”, reflexionó Ávalos, para luego exponer: “Resulta bueno que comience este espacio. Porque, por lo que nosotros vimos, desde septiembre la comunidad estuvo dispuesta a conversar, pero nunca se había podido lograr… En el medio hubo represiones, y también una muerte…”.

Justamente, en la reunión estuvo Nadia Silvera, compañera de Elías Garay, quien fue asesinado el 21 de noviembre en el territorio.

Según contó Ávalos, durante el encuentro, Nadia explicó que Elías había muerto en sus brazos, y que le costaba confiar en la Secretaría de Derechos Humanos, porque forma parte del gobierno. “Pero les dijo que para demostrar que había voluntad de diálogo estaba allí con la intención de charlar y ver a qué se podía llegar”, detalló el integrante de la APDH.

Así, de acuerdo a Ávalos, “el secretario de Derechos Humanos indicó que también traía la tarea de preguntar cuáles son las pretensiones de la comunidad en cuanto al territorio”.

En tal sentido, se acordó que desde la comunidad se va a brindar próximamente un detalle al respecto, quizá con referencias de planos o mapas.

A manera de conclusión, Nelson expresó: “Se insiste en que el camino es el diálogo político, no una cuestión penal que se deba resolver entre dos partes como se lo pretende hacer, entre un adjudicatario de una parcela –que ni siquiera es un ocupante o un propietario– y cuatro o cinco personas acusadas de usurpación; esa no es la forma para solucionar esto”.

Y sumó: “Ahora queda en la gobernadora decidir si acepta los puntos del petitorio que se firmó”.

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