El procesamiento de guardaparques por la muerte de dos niños ante la caída de un árbol inquieta al sector

El 1° de enero de 2016, un roble pellín cayó en el complejo Lolen, ubicado en el Parque Nacional Lanín, cerca de San Martín de Los Andes, lo que provocó la muerte de dos menores y heridas en dos mayores.

Respecto al hecho, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca dispuso, en un fallo del 26 de octubre de este año, el procesamiento (sin prisión preventiva) de cuatro dependientes de la Administración de Parques Nacionales (APN): Matías Iván Encina, Diego Luis Lucca, Juan Ignacio Jones y María Mercedes Hileman, “en orden al delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, de lesiones graves culposas también agravadas por el número de víctimas en calidad de coautores y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autores en concurso ideal”.

Lo mismo se resolvió en lo referido a Milena Úsurla Chequepan y Juan Edgardo Delgado Abarzúa, miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca, propietaria del complejo Lolen, “por las figuras de homicidio culposo agravado por el número de víctimas y de lesiones graves culposas también agravadas por el número de víctimas en concurso ideal y en calidad de coautores”.

Desde el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (SIGUNARA), se emitió un comunicado donde se indica: “Queremos expresar nuestra inquietud a la vez que profundo descontento y malestar por la sentencia”.

En tal sentido, se aclara: “Compartimos el inmenso dolor de los familiares (de las víctimas), nada se compara con la perdida de la vida de los niños, sin embargo entendemos que ello no es responsabilidad de los guardaparques”.

En el texto se hace referencia a “magistrados que parecen desconocer el funcionamiento de los Parques Nacionales de Argentina y la realización de actividades turísticas en zonas agrestes. Basándose en teorías que aplican meramente al comportamiento humano omiten groseramente la inestabilidad de los procesos naturales, los cuales no tienen afinidad alguna con la ponderación que pueda llegar a hacer el más experto de los profesionales al respecto”.

“Esta resolución no solo continúa exponiendo a nuestros colegas a las ambigüedades de las normas vigentes, sino que también expone a todos los colegas que se desempeñan en las áreas naturales protegidas a lo largo y ancho de nuestro país”, continúa el escrito.

Las autoridades gremiales consideran “fundamental destacar que al momento del accidente la ‘guía para la evaluación de árboles de riesgo’ no estaba aprobada para su utilización ni se contaba con protocolos para su implementación”, aunque igualmente especifican que “actualmente llevar adelante estas evaluaciones en zonas agrestes es impracticable, sobre todo por los millones de árboles, animales peligrosos para el ser humano y accidentes geográficos riesgosos”.

De manera contundente, se expresa que “no se debe olvidar que el cuerpo de guardaparques nacionales está para preservar las especies dentro de las áreas protegidas, y no para convertir a éstas en plazas con el afán de disminuir el riesgo potencial de un turista que sabe que se encuentra en un área donde puede sufrir inconvenientes fuera de lo común”.

Por tal motivo, se solicita a la Administración de Parques Nacionales (APN) la derogación de la citada guía de evaluación de árboles de riesgo, y se apremia por representación legal para los guardapaques y expresiones claras con respecto a lo sucedido en este caso puntual.

“Pretender que la responsabilidad de los guardaparques se extienda sin límite alguno a prevenir daños a particulares que puedan ser provocados por elementos y fenómenos de la naturaleza en las millones de hectáreas es imposible”, se afirma, aparte de declararse en estado de alerta.

Las autoridades de Parques Nacionales salieron al ruedo y marcaron una posición al respecto: “La Administración lo rechaza tajantemente (al fallo) y brinda total apoyo a su personal por considerar que la medida refleja una aplicación arbitraria de la normativa y un evidente desconocimiento sobre los riesgos intrínsecos de toda el área agreste”, manifiesta su titular, Lautaro Erratchu, a través de Instagram. 

Así, más allá de indicar comprensión y solidaridad hacia los familiares de los niños fallecidos, deja en claro su posición al respecto.

Y, en expresiones vertidas públicamente, el funcionario también pareció responder a lo expuesto por SIGUNARA, ya que habló del “dictado de nueva normativa en materia de riesgos”, tendiente a brindar más tranquilidad al accionar del personal de Parques, y también de “llamados de atención” a la gente que asiste a los diferentes predios, a modo de advertencias sobre los riesgos que se asume en las visitas.

Estos comentarios no son gratuitos.

Responden al alto grado de preocupación que todo el cuerpo de guardaparques dejó ver a lo largo del país.

Tal vez el caso más significativo haya sido el de Los Alerces, donde el jefe de guardaparques es Danilo Hernández Otaño, quien también actúa como secretario adjunto interino de SIGUNARA, y, al analizar lo que disponía la sentencia, decidió cerrar las zonas de uso turístico el 28 de octubre, lo que obligó a que el intendente del Parque, Hernán Colombo, dos días después firmara una disposición donde habilita “provisoriamente todos los senderos y áreas de uso público”, pero releva al personal que presta servicio allí de la responsabilidad al respecto, a la vez que aclara que esos sitios sí permanecerán cerrados durante la vigencia de los alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional

Más allá de lo que resuelve, la disposición de la Intendencia de Los Alerces -entre sus considerandos- califica como “genuina” la preocupación de los guardaparques “respecto de la inseguridad jurídica” que les confiere la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.

Por otra parte, desde la posición contraria, los familiares de los niños fallecidos manifestaron su repudio a lo expuesto por la Administración de Parques Nacionales.