Denuncias cruzadas en el seno de la CEB

En los últimos días, comenzó a levantarse polvo en la arena interna de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), lo cual no es casualidad, ya que se avecinan tiempos electorales dentro de la empresa.

Se especula que entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 habrá dos elecciones para renovar autoridades. Mientras que en noviembre del año próximo habrá una tercera elección con el mismo objetivo. Este “rejunte” de elecciones, es producto de la suspensión de actos masivos a raíz de la pandemia.

Todo esto despertó a las diferentes líneas internas de la empresa que distribuye la energía eléctrica en Bariloche y Dina Huapi. Cabe recordar que dentro de la disputa interna hay sectores peronistas, sindicales, radicales, del PRO y también algunos que simpatizan con el Gobierno municipal y provincial. No falta nadie.

Así las cosas, el consejero Alejandro Pozas hizo llegar a El Cordillerano, la denuncia de la usuaria de la CEB, Silvia Peralta, quien denunció en la Justicia y en la propia Cooperativa de Electricidad Bariloche, “el delito de afectación maliciosa del normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación o vaciamiento de empresa y el delito genérico de defraudación en perjuicio de AVC S.A. y la CEB”, responsabilizando al actual presidente de AVC, el consejero Luis Barrales.

Según la denunciante, cuando Barrales asumió en ese cargo, dicha firma tenía una deuda de 33 millones de pesos, mientras que en septiembre de este año, la misma es de 170 millones, según pedidos de informes que ha realizado con anterioridad.

Peralta acusó, además, que en AVC no hay Tesorería ni departamento de Administración y que esas responsabilidades recaen en el propio Barrales y su asistente. Agregó que la Angostura Video Cable no posee un área de Compras ni de Recursos Humanos y que los bienes de la empresa no están inventariados.

La denuncia tiene, sin dudas, tintes políticos, porque, más allá de presentarse ante la Justicia Penal, realiza ciertos calificativos, expone también que ha habido movimientos de fondos sin justificación alguna y que hay una diferencia de 11 millones de pesos entre los ingresos y los egresos, respecto de lo que se desprende del último balance.

La otra parte

Por otro lado, el consejero Luis Barrales entregó a este diario una resolución judicial, donde queda expuesto que vencieron los plazos legales por los cuales los consejeros Alejandro Pozas y Elsa Palomo tenían tiempo para recurrir a ese poder para rebatir lo expuesto por la asamblea en febrero del año pasado.

En esa fecha, en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de la CEB por mayoría, quedó aprobada la memoria y balance del ejercicio 2019 y también se procedió –por el voto de la asamblea– a excluir del Consejo de Administración de la CEB a Alejandro Pozas y Elsa Palomo por “mal desempeño de funciones”.

Según se explicó oportunamente, Pozas siendo miembro del Comité Ejecutivo, aprobó la compensación con AVC, contrariamente a lo que se encuentra permitido por ley y estatuto.

La CEB debía controlar a AVC y el Comité Ejecutivo, con el aval de Palomo, permitió que, en desmedro de la Cooperativa, se permitiera una compensación económica en favor de una de sus empresas controladas, sin contar con ningún dictamen legal y técnico que avalara esta cooperación.

Pero, en agosto del año pasado, la Justicia resolvió hacer lugar a la medida interpuesta por Pozas y Palomo y, en consecuencia, dispuso la suspensión preventiva de la ejecución de la exclusión de los consejeros y asociados dispuesta por la asamblea.

Y en la actualidad, la resolución judicial dictada por el juez Mariano Castro determina que se vencieron plazos de los dos consejeros para hacer las presentaciones correspondientes en su defensa. Aduce que el tiempo caducó y que pasó el doble del mismo, sin novedades, por lo que manda a que se abonen los honorarios a los abogados de la causa. Por lo que Barrales aduce que la “caída” de la medida cautelar que mantiene a Pozas y a Palomo en sus cargos perdió vigencia.