En la audiencia desarrollada en relación a la ocupación de la ladera Sur del cerro Otto, donde se hallan involucrados dos terrenos particulares y uno municipal, el juez Juan Pablo Laurence decidió dar por formulados los cargos en relación a “la usurpación por despojo”, y aceptó la medida de no innovar pedida por la fiscalía y la querella para garantizar la investigación.

En ese sentido, el magistrado destacó que no se había solicitado el desalojo forzoso, y calificó lo requerido como “razonable, pertinente y proporcional al hecho que se investiga”, apreciando que se trataba de una “medida de menor impacto”.

De esa manera, recalcó que se persigue “no consolidar los efectos del delito”, y de ahí la razonabilidad de lo dispuesto.

Así, dispuso “autorizar a la Municipalidad y a las partes querellantes a retirar del predio -es decir de los tres lotes- carteles, alambres, cintas, palos y toldos”.

“Esta medida deberá llevarse a cabo con luz solar, buen clima, en concurrencia del personal policial y de un funcionario del Ministerio Público Fiscal”, apuntó.

“También voy a disponer a las personas a las cuales se le formularon cargos en esta audiencia, que se ha prolongado dos días, la prohibición de reingreso a estos lotes”, continuó.

Y además informó que se actuaría para que “tome conocimiento la oficina local de Bosques", con el fin de "que, en el caso de advertir algún tipo de incidente que haga a su función específica, intervenga de manera inmediata conforme la autoriza la ley y ponga en conocimiento al Ministerio Público Fiscal".

Al finalizar su exposición, el juez indicó: “Los convoco encarecidamente a que puedan solucionar este conflicto primario de la mejor manera posible, invitando a la parte que está faltando en esta audiencia, que es la Municipalidad, a que también dialogue con las personas que han sido imputadas formalmente en el presente legajo”.

El último comentario estuvo vinculado con una consideración que había realizado con anterioridad, en relación a “circunstancias que deben ser atendidas por el Estado”. En tal sentido hizo mención a “la vulnerabilidad habitacional y social”, aunque aclaró que eso “en modo alguno otorga un permiso para violar la ley penal”.

“En este orden, entiendo oportuno y necesario que la Municipalidad tome nota sobre esta situación”, expresó.

“Deberá oficiarse al organismo pertinente, en principio el Instituto de Tierra y Vivienda local, en miras a que intente resolver el conflicto de fondo con los imputados. Escuchen sus necesidades, dialoguen y articulen según sus competencias para ver qué solución se puede brindar desde el Estado”, recalcó.

Así, señaló “habilitada la investigación penal preparatoria hasta el 4 de febrero de 2022”.

El fiscal Tomás Soto, por su parte, había hablado de la necesidad de “evitar la consolidación de la ocupación”, así como “hacer cesar los efectos lesivos del delito”.

El abogado defensor, Marcos Miguel, en tanto, expuso que sus asistidos (poco más de treinta) no querían responder por las “más de ochocientas” personas que estarían en este momento en la ladera Sur del cerro Otto. Así, consideró que al resto “ni siquiera se le puso en conocimiento del delito que están realizando”.

Al igual que el viernes, reiteró que no se había identificado en qué lote se encontraba cada uno de los que habían sido citados, y por lo tanto no se tenía en claro quién se encontraba en un lugar privado y quién en uno municipal.

Además, explicó que le habían confiado que hoy seguía ingresando gente a la toma, y aseveró: “Insisten en que no son ellos quienes deberían estar acá, sino que hay otra persona que fue quien orientó a cada uno a ocupar tal terreno”. Esas palabras apuntaron a lo que ya es vox populi: una autodenominada cooperativa Gonzalito es la que habría manejado el inicio del asentamiento, y su referente sería quien dispone en qué sitio debe asentarse cada individuo, incluso cambiando de lugar a algunos de los que ya están allí desde hace varios días.

Por otra parte, el letrado afirmó que impugnaría la formulación de cargos.