Sabsay: “Odarda habló de la creación de un estado mapuche, eso es inconstitucional”

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, se encuentra en San Carlos de Bariloche, como uno de los expositores del "Primer Foro Consenso Bariloche", que abordó la toma de tierras en la región. En ese marco dialogó sobre esta temática con El Cordillerano.

Se mostró muy emocionado con el relato de las víctimas que contaron sus casos, donde sufrieron violencia por parte de grupos que se autodenominan mapuches, y que temen por su vida, así como por sus viviendas.

“Lo viví con una enorme conmoción personal, con una enorme tristeza. Me comprometo a actuar en todo lo que yo pueda hacer, para proteger el derecho y a los seres humanos, que injustamente están siendo tratados de una manera que recuerda los peores regímenes que durante el siglo veinte asolaron a nuestro planeta”, expuso.

El Cordillerano: - ¿Cuál es su opinión técnica sobre la toma de tierras?

Daniel Sabsay: - Más allá de profundizar el tema, al escuchar los testimonios de las personas afectadas, uno queda con una enorme tensión y tristeza de que esto esté ocurriendo en nuestro país. Lo que hay que tener en cuenta, en la tensión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la propiedad comunitaria indígena, hay que tener en cuenta en primer lugar, que ni la Constitución Nacional, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, establecen un orden de prelación entre esos derechos.

E.C.: - Tienen el mismo nivel de jerarquía…

D.S.: - Exacto, están reconocidos ambos en el mismo sitio. Por lo tanto, lo que se exige es la complementariedad entre ellos, no la supresión de unos sobre otros. En el marco de esa complementariedad, lo que no es aceptable en ningún caso, es que aduciendo la cláusula de la Constitución de los pueblos originarios, constituirse por las vías de hecho, en la ocupación de predios sin que exista algún tipo de participación de la Justicia o de la autoridad administrativa. Lo hacen exclusivamente, por el hecho consumado y adjudicándose una calidad de comunidad que no sabemos si la tienen, porque la Ley 26.160 sancionada en el año 2006, habla claramente de aquellas comunidades que actual y tradicionalmente ocupan las tierras y que además están reconocidas en un registro. Entonces, si no pueden precisamente ni siquiera demostrar esto, claramente es que no lo son.

E.C.: - Y allí nace el conflicto…

D.S.: - En realidad lo que están produciendo con estos comportamientos, son delitos. Fundamentalmente, es el delito de usurpación por despojo de tierras, que merece la intervención de la Justicia y la sanción, porque en última instancia, lo que está en juego, es el estado de derecho. Es muy grave. El estado de derecho permanentemente antepone el derecho, es decir, la ley y la Constitución por sobre las vías de hecho. Entonces, que esto no solo esté consumándose y que el Estado no brinde una respuesta, sino que además parece estar convalidando estas acciones, es de una gravedad extrema.

E.C.: -¿Cuando habla de Estado se refiere a la Justicia y al gobierno nacional?

D.S.: - Yo hablo de la Justicia y del gobierno nacional. El gobierno debe dejar intervenir a la Justicia, para que puedan desalojar a esta gente y que además, los someta a la ley, para saber si pueden ser condenados o no. Sino, en la Argentina no hay igualdad ante la ley, algunos quedan al margen y no pueden ser objetos de sanciones ni se les aplica el Código. Eso viola el artículo 16 de la Constitución, el principio de igualdad, donde todos somos iguales ante la ley, parece una clase de instrucción cívica que tenemos que dar.

E.C.: - ¿Cree que el gobierno otorga derechos a quienes ocupan?

D.S.: - No se trata de derechos, sino que están beneficiando a un pequeño grupo que ni se sabe si son mapuches, lo cual también perjudica a los verdaderos mapuches, que como bien relatan los vecinos, ellos comparten una vida pacífica, los conocen y viven muy bien. Entonces, esto no es una cosa entre mapuches y blancos que es lo que quieren imponer como grieta, para sacar algún beneficio. Sino que es entre civilización constitucional o vías de hecho violentas, delitos.

E.C.: - ¿Ve diferencias en el tratamientos de estos temas entre el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández?

D.S.: - El gobierno anterior no tuvo tiempo de hacer mucho, me da la impresión. Pero queda claro que no fue cómplice de estas situaciones.

E.C.: - ¿Y el actual gobierno sí?

D.S.: - Clarísimo. La descripción es clara, lo vemos ilustrado por films. La Justicia está amedrentada, aquellos que quieren actuar, porque el INAI impide que se cumplan las ordenes de fiscales y de jueces. ¿Qué más? ¿Eso no es connivencia? Hay jueces timoratos que actúan según el gobierno de turno.

E.C.: - Los gobiernos han cambiado, pero la Justicia, en términos generales, es la misma…

D.S.: - Porque es una Justicia que está muy amedrentada, es una Justicia tiempista, que especula y en muchos casos, una Justicia absolutamente ligada al poder político, lo digo con todas las palabras. Pero lo que tiene que quedar claro, es que acá está en juego un problema de soberanía. Acá se ha hablado de la creación de un estado mapuche. Concretamente, lo ha dicho la licenciada Magdalena Odarda, que como no están contentos con la Argentina hay que cederles una porción de tierra. Eso es abiertamente inconstitucional. El Estado Argentino es indisoluble de provincias que integran un único estado y no existe la posibilidad de parcelar un pedazo. Entonces, que propongan una reforma de la Constitución y vamos a discutir todos si estamos dispuestos a ceder una parte del territorio a una comunidad originaria, si es que es válido o no. Pero cuidado porque lo dijo una autoridad nacional, no un loco cualquiera. Y no fue desmentido por ninguna autoridad nacional.