Temprano los mandaron a juicio, y al mediodía los iban a imputar en otra causa pero no se presentaron

Juan Pablo y Cristian Colhuan presenciaron en la mañana de este jueves la audiencia en la que la jueza Romina Martini los envió a juicio por la agresión a Diego Frutos, un vecino de Villa Mascardi. Al mediodía tenían otra audiencia en la que iban a ser formalizarlos por la usurpación del predio perteneciente al Obispado de San Isidro, pero no se presentaron. La audiencia será reprogramada.

La fiscal Betiana Cendón pretendía formalizar los cargos por usurpación contra Juan Pablo y Cristian Colhuan, en la causa en la que ya se avanzó con la imputación a otras mujeres de la comunidad autodenominada Lafken Winkul Mapu. Sin embargo, los dos sujetos que por la mañana habían participado de otra audiencia virtual, no se conectaron a la plataforma y la audiencia quedó trunca.

En ese sentido, la fiscal Betiana Cendón realizó un planteo para suspender los plazos procesales debido a que en el caso ya se avanzó contra otras integrantes de la comunidad. No obstante, no realizó ningún planteo para garantizar la presencia de los sospechosos en una futura audiencia.

María Nahuel, Johana Colhuan, Betiana Colhuan y Yéssica Bonnefoi ya fueron imputadas en el legajo que impulsa Cendón, quien oportunamente había adelantado que la lista de personas sospechosas estaba integrada también por Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Cristian Colhuan, Maira Tapia, Juan Pablo Colhuan y Gonzalo Coña.

Según la teoría acusatoria, todos son los responsables de haber invadido y desplegado diversos actos en el predio ubicado en Villa Mascardi y que pertenece -según escritura pública del año 1983- al Obispado de San Isidro, que se lo había comprado a la Administración de Parques Nacionales.

El planteo de reprogramar la audiencia y suspender los plazos procesales fue acompañado por el querellante Jorge Luis Olguín, representante del Obispado de San Isidro y por el defensor oficial subrogante Marcos Ciciarello. Sin controversias planteadas, el juez de Garantías Juan Martín Arroyo, accedió a lo requerido y remarcó que la fiscalía tiene a su disposición una serie de herramientas que podrían garantizar la presencia de los sospechosos en la futura audiencia, más allá de destacar que nada había manifestado al respecto.

En el caso se había dispuesto además la restitución inmediata del predio al Obispado, aunque luego la causa transitó diversos procesos de apelación e inclusive planteos de incompetencia y la medida del desalojo se desvaneció por impulso del propio Obispado de San Isidro.