Cuántas veces una expresión popular describe a cuerpo entero situaciones de la vida real. Once años esperando a una justicia que no llega y no deja cerrar, al menos en apariencia, las heridas profundas e incurables que dejó aquel 17 de junio de 2010.

El célebre pensador romano Séneca expresó que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Pero esa expresión se transformó, fue adoptada por el ingenio popular y sigue vigente en la actualidad: “justicia que tarda no es justicia”, se expresa hoy.

Y lo perciben en carne propia los familiares de las víctimas, los amigos, los vecinos. Todos los ciudadanos que se estremecieron al percibir el olor a pólvora y sangre. El olor a pobreza y marginalidad que se profundizó aquel día cuando el Estado aportó gases y plomo, como esencia magnífica para seguir reproduciéndola.

Ocho años, cinco meses y dieciséis días tardó la justicia rionegrina en dilucidar las responsabilidades que les correspondieron a cada uno de los policías acusados en las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco y las lesiones graves y leves que sufrieron Lucas Gallardo, Jorge Marillan, Patricia Santos, Jonathan Oses, Felipe Fusiman, Héctor Riquelme, Yamila Muena, Franco Saldivia, Rubén Mena, Sandro Bonnefoi, Ruth Mariqueo, Ramón Fernández y Matías Iberra, durante las horas que siguieron.

Hoy, a once años, las condenas todavía no están firmes y entonces no hay justicia.

Y aunque unos tipos millonarios se expidan, desde sus mullidas sentaderas y rodeados por un nutrido séquito de asistentes y secretarios, que hasta les redactan las sentencias y les preparan el té, nada acortará la desigualdad y los excesos represivos de un Estado que no supo, o tal vez no quiso, resolver el conflicto social de una forma pacífica.

“Los excesos son literalmente excesos, y por tanto injustificables. Así, justamente, utilizar postas de plomo para disuadir una protesta como la del caso -por caótica que haya sido- fue un exceso repudiable ante la falta de una agresión de igual tenor por parte de los manifestantes”. Así concluyeron los jueces Marcelo Barrutia, Emilio Riat y Juan Lagomarsino, al momento de establecer la responsabilidad penal y condenar a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos y utilizar armas al exsecretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré, a los exjefes policiales Jorge Villanova y Argentino Hermosa, y a los empleados policiales Darío Pil, Marcos Epuñan y Víctor Sobarzo, acusados de asesinar a Sergio Cárdenas. El asesinato de Nicolás Carrasco, aunque siga doliendo, no fue esclarecido, aunque nadie tenga dudas que fue ultimado por la misma Policía de Río Negro.

El cabo Sergio Colombil asesinó de un disparo en la cabeza al adolescente Diego Bonefoi, que corría por delante del uniformado por un callejón del barrio Boris Furman. Así se encendió la mecha y en poco tiempo una barriada entera reclamó en la calle.

Tras rodear la comisaría 28, lanzaron piedras y palos, quemaron gomas, maderas, lo que hubiera al alcance de la mano. Y se desató la tragedia.

Con una organización anárquica, con personal de escasa preparación para responder a tumultos o revueltas sociales, policías de todas las unidades de Bariloche se congregaron en torno a la unidad atacada y comenzaron a reprimir, sin tácticas ni estrategias. Simplemente a reprimir.

El devenir de las horas no apaciguó la bronca y una treintena de jóvenes de los barrios altos seguía manifestándose. Tan descoordinada fue la respuesta policial, que los jefes Cufré, Villanova y Hermosa, máximas autoridades de la policía en Bariloche, huyeron hacia la ciudad de El Bolsón para celebrar un encuentro previamente agendado, sin importar lo que ocurría.

Más tarde, se acabaron los cartuchos antitumulto -postas de goma- y comenzaron a utilizarse los cartuchos de propósitos generales -plomo. El saldo podría haber sido peor de no haber sido por la misma falta de preparación del personal policial que manipulaba las escopetas 12/70, con las que se disparó a los manifestantes.

Justamente esa cuestión fue abordada por la sentencia condenatoria que a once años de los hechos espera confirmación por parte del más alto tribunal de la Nación: “Se reitera que la intervención policial se produjo para disuadir una protesta social. Las protestas sociales forman parte de los derechos civiles y políticos, ya que implican el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho de reunión y del derecho de peticionar a las autoridades, y cumplen un rol innegable en los sistemas democráticos, donde las expresiones políticas y sociales no se reducen al voto de acuerdo. Por supuesto que una protesta social violenta o incompatible con otros derechos sociales o individuales puede justificar la intervención disuasiva, proporcional y razonable de los agentes estatales. Ahora bien, cuando se justifica disuadir una protesta social deben intervenir los agentes capacitados para ello y, en cualquier caso, aplicarse fundamentalmente los procedimientos adecuados”, indicaron los magistrados en la sentencia condenatoria y agregaron “Aunque ante la insuficiencia del personal del grupo BORA, especializado en la tarea que aquel día ocurría, se dispuso un reclutamiento indiscriminado de otros efectivos no especializados en manifestaciones públicas y, peor aún, se los libró a su suerte sin sujeción a esas tácticas, ni a esos mandos. A la vez, se dispuso una recolección y un reparto anárquico de proyectiles, al punto de requerirlos casi temerariamente en préstamo a una empresa de seguridad privada que muy difícilmente podía tener los apropiados (antitumultos)”.

Los hechos acreditados

Una pericia desarrollada por Rodolfo Pregliasco y otros profesionales, permitió a través del cotejo de imágenes, de video y fotografías, la reconstrucción parcial de los hechos, con una exactitud impresionante.

Según la sentencia, pasadas las 16.20 del 17 de junio de 2010 dos grupos de policías ingresaron a la calle Oses, uno desde la esquina con Onelli y el otro desde Elordi. A mitad de cuadra quedó encerrado un grupo numeroso de manifestantes que les arrojaba piedras y en ese contexto ambos grupos policiales dispararon con escopetas 12/70 y 12/76, algunas con cartuchos con postas de plomo, y resultó herido de muerte el joven Nicolás Carrasco.

Esa misma tarde, a una cuadra de distancia, pasadas las 17.30 murió Sergio Cárdenas, en la calle Sobral, entre Onelli y Elordi. Fue atravesado por un proyectil de plomo que le ingresó al tórax tras un rebote. El joven estaba en el grupo contra el que “acometieron deliberadamente (...) ejerciendo violencia directa” los policías Pil, Epuñan y Sobarzo, quienes también portaban escopetas, algunas cargadas con postas de plomo.

La justicia acreditó que “tanto el personal policial que intervino en la maniobra que terminó con la vida de Nicolás Carrasco como el grupo que ocasionó la muerte de Sergio Cárdenas utilizaban de modo indiscriminado municiones de plomo y antitumulto”.

Todo ocurrió a un par de cuadras de la comisaría 28 de Bariloche, donde se habían enfocado las violentas protestas a raíz del homicidio del adolescente Diego Bonefoi, cometido horas antes por el efectivo policial Sergio Colombil.