El pasado viernes, a tres semanas de vencido el plazo de lo que marca la normativa, los concejales designaron a la nueva defensora del Pueblo, con ocho votos favorables y tres en contra. De esa forma, pusieron fin a la acefalía del organismo que ellos mismos habían generado, pese a tener dos meses para acordar un nombre. Es decir, la responsabilidad sobre la desprolijidad del proceso de elección, cabe a los once ediles.

En todo ese lapso, hubo fallidas negociaciones, caprichos, enojos, dilataciones, acuerdos rotos y mucha “rosca”. Pero para analizar y entender lo sucedido en estos 60 días y sacar algún tipo de conclusión, es necesario retroceder cuatro años en el tiempo.

En 2017, vencía el mandato de la defensora del Pueblo Andrea Galaverna, y los concejales de turno, debían reelegirla o designar a su reemplazante. Aquel Concejo era presidido, al igual que ahora, por Juntos Somos Río Negro (en la figura de Diego Benítez), puntualmente por el sector interno reconocido como el “ex Frente Grande” que lidera el actual ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri. Ese espacio, también preside ahora el cuerpo legislativo, ya que Natalia Almonacid se referencia con el mismo dirigente.

En aquella oportunidad, trascendió que ese sector requirió al intendente poner a alguien de ese espacio como titular del área. Sobre todo, considerando que no tenían figuras propias dentro del Gabinete municipal. Y hay que recordar, que el oficialismo tenía siete concejales, por lo que el acuerdo estaba a solo un voto de conseguirse.

El peronismo, también al igual que ahora, tenía tres ediles y ellos apoyaban a Andrés Luetto, que había sido responsable de Acción Social en el gobierno de María Eugenia Martini. De hecho, hubo ruido interno por la falta de respaldo a Galaverna, de extracción justicialista y con una más que satisfactoria gestión a cargo de la Defensoría.

Así las cosas, Juntos postuló a Graciela Guajardo, pero el nombre se filtró a la prensa antes de la audiencia pública, y esto generó un revuelo de tal magnitud, que debieron cambiar de estrategia y designar a otra persona de los que estaban inscriptos. Hubo dos postulantes que solicitaron declarar nulo el proceso, aunque no tuvieron éxito. Y se nombró a la abogada Beatriz Oñate, que llegaba desde otro espacio y desde otra pertenencia política: el Sindicato de Comercio.

Lo dicho, el acuerdo estaba a solo un voto de distancia y no hubo mayores inconvenientes. Más allá de la desprolijidad, hubo acuerdos por la Asesoría Letrada y algunos cargos, por lo que se votó en tiempo y forma, con el acompañamiento del concejal del PRO Daniel González, y Oñate asumió el 15 de mayo de aquel año.

En esta oportunidad, y con ese antecedente reciente, el bloque oficialista se juró no volver a pasar por un papelón similar. Pero claramente no lo logró.

El plan “A”, consistió en arribar a un acuerdo con el bloque del PUL que impulsaba la continuidad de Oñate (naturalmente, porque pertenece a ese partido), pese a que los propios ediles oficialistas no estaban del todo de acuerdo y tenían preferencias dispares. Pero los acuerdos son acuerdos y había que seguir adelante. Contaban con los cinco sufragios de Juntos, el de Gerardo Del Río del PUL y el de Ariel Cárdenas, de Juntos por el Cambio. Siete.

Sin embargo, el octavo voto nunca llegó. Confiaban en que el edil de Podemos Bariloche, Pablo Chamatrópulos, los acompañe en la negociación. Pero esa moción no tuvo éxito.

Por su parte, el Frente de Todos proponía a una persona de su espacio y al no contar con los votos requeridos, buscó una alternativa. Incluso se ofreció una terna. Pero tampoco cuajaba en el resto de los bloques. Con este panorama, hubo que recapitular y comenzaron a barajarse diferentes nombres y hasta fórmulas, especulando con la Asesoría Letrada de la Defensoría del Pueblo.

Fallida la idea de la terna, por segunda vez, Cárdenas impulsó a Analía Woloszczuk, quien alguna vez estuvo afiliada a la UCR en Buenos Aires y a quien conoce desde hace bastante tiempo. Además, su currículo demuestra idoneidad para el cargo.

El nombre (y negociaciones mediante) encontraron consenso en 10 concejales y se avanzó en ese sentido. Incluso, impulsado desde la Presidencia, se había acordado que el martes 25 de Mayo -día feriado- se votaba contra viento y marea, en sesión extraordinaria virtual.

Pero horas antes de designar a la abogada, cuatro candidatos denunciaron que Woloszczuk no cumplía con uno de los requisitos: residir en Bariloche durante los últimos tres años. Y por ende, el peronismo decidió esperar y retiró su acompañamiento.

Publicaciones propias en redes y otros datos en internet, dan cuenta que Woloszczuk estuvo en España entre 2017 y 2020. Sin embargo, el tiempo de impugnaciones se había vencido hace más de un mes y eso aparecía como un dato elemental.

Hubo acusaciones cruzadas en la sesión y luego comunicados en duros términos. Juntos acusó al FDT de no cumplir acuerdos firmados un día antes y la respuesta fue que los acuerdos no pueden ir contra la Carta Orgánica. Mientras que el PUL elaboró un video acusando a las ediles Julieta Wallace, Roxana Ferreryra y a Chamatrópulos de ser responsables de la acefalía de la Defensoría.

Pero días después -pactos mediante-, en el seno del Deliberante, se consiguieron los ocho votos y se llamó, otra vez, a sesión extraordinaria. En esta segunda oportunidad, se alcanzó la mayoría especial requerida y se designó a la cuestionada candidata.

Llamativamente, el concejal Marcelo Casas (FDT) votó diferenciado de sus compañeras de bloque y esto despertó todo tipo de especulaciones. Una hora y media después de la elección, se realizó la jura de Woloszczuk. Y salvo que la Justicia se expida en sentido contrario, el tema se dio por terminado.

Ahora bien, ¿cuál fue el saldo de todo este insólito proceso? Claramente un fuerte desgaste de los concejales, que vieron mellada su imagen hacia la comunidad, donde se evidenció que los acuerdos políticos se impusieron sobre el bien común, a tal punto de dilatar los tiempos y dejar acéfala una institución democrática garante de derechos.

Sabido es que no era un tema que preocupara a la ciudadanía, pero todo este batifondo hizo que se hable de ello en diferentes ámbitos, donde antes era impensado llegar.

Y señalando quienes ganaron y perdieron en esta pelea, hay que decir que perdió el órgano Deliberante en su totalidad. Por su distanciamiento con la sociedad y con los problemas que realmente aquejan a los vecinos.

Lo curioso, es que los unibloques salieron fortalecidos. Pese a ser espacios con un solo integrante, tuvieron un rol protagónico es esta puja de poder. Cárdenas (Juntos por el Cambio) por terminar impulsando a su candidata. De hecho, fue quien finalmente tuvo que salir a negociar con el peronismo.

Del Río (PUL), porque su pronunciamiento por Oñate estuvo muy cerca de concretarse en los hechos y fue clave en la negociación con Marcelo Casas, ya que ambos dirigentes son de extracción sindical y suelen referenciarse en varias temáticas. Y Chamatrópulos (Podemos) porque logró imponerse y no torcer el brazo a la designación de Oñate, desoyendo ofrecimientos políticos varios. Incluso, quedó una sola alternativa a Woloszczuk (la de Sonia Gutkin), la cual fue propuesta por su bloque.

El Frente de Todos sale malherido, aunque con altas y bajas. Más allá de haber perdido la discusión, queda la posibilidad que la Justicia dé la razón a los denunciantes y si eso sucede, se abre un escandaloso proceso, del que Wallace y Ferreyra estarán fuera (al igual que Chamatrópulos). Sin embargo, los rumores de rompimiento de bloque por sus diferencias con Casas -que no son solo por este tema- van en crecimiento. Y si bien Casas ha negado una ruptura, el clima interno no es el mejor.

En medio de esa puja, quedó el SOYEM, ya que Casas pertenece a ese espacio y hay quienes aseguran que la conducción del gremio, tuvo mucha incidencia en las negociaciones por el octavo voto. Más aún a sabiendas que el proyecto por el nuevo escalafón de los empleados municipales, debe tratarse este año, el cual lleva la autoría del oficialismo y requiere, también, de ocho voluntades.

Finalmente, Juntos Somos Río Negro también quedó alicaído. Si bien triunfó en la designación de Woloszczuk, sabido es que nunca fue su preferencia inicial y sus ediles sufrieron mucho la exposición que el tema les dio, por ser cultores del perfil bajo y carentes de declaraciones rimbombantes. Pero durante el proceso, acusaron a cuatro candidatos de ser parciales y de tener un interés personal en impugnar tardíamente a la ahora defensora, y hasta se llegó a decir que la Justicia cometería una “flagrante intromisión” en las decisiones internas del Deliberante. Polémico, porque cualquier ciudadano puede recurrir a la Justicia si es que siente que sus derechos están siendo vulnerados.

Demás está decir, que la Defensoría y su fortalecimiento se encolumna entre los perdedores. Sufrió un desprestigio, tanto la institución como el personal que allí se desempeña. Y difícilmente para el 2025 haya muchos interesados en querer ocupar el puesto, más aun considerando que en cada convocatoria, los interesados son menos que en la anterior.

El proceso fue por demás bochornoso, se superó ampliamente el papelón ocurrido hace cuatro años y todavía puede ser aún mayor, si es que el Poder Judicial considera que la residencia inmediata de Woloszczuk no está cumplimentada. Si eso ocurre, el cargo volverá a quedar acéfalo y deberá abrirse otro proceso de selección y designación. Además, de las responsabilidades penales que le caerán a los ocho concejales que la eligieron.

De esa decisión judicial, dependerá si esta novela ha protagonizado el pasado viernes su último capítulo, o si aún quedan más páginas (negras) por escribirse.