Mediante un comunicado firmado por Mara Bou y Marcelo Cayumil, la APDH Bariloche resaltó diversas cuestiones a considerar a la hora de designar a las dos personas que cubrirán las vacantes de juez del Superior Tribunal de Justicia que dejaron por jubilación Adriana Zaratiegui y Enrique Mansilla.

La APDH Regional Bariloche, ante la necesidad de cubrir dos cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, sostiene que es necesario tener en cuenta que:

Debe respetarse la igualdad de Género como en todos los niveles del Estado Provincial dado que dicha igualdad actualmente disminuye en la medida en que la responsabilidad y cargos son mayores en dicha estructura, superando de esa manera el llamado techo de cristal.

Que la elección tradicional del STJRN, en la forma que está regulado es una elección indirecta de tipo político que generalmente responde a los intereses del poder de turno, más que a construir una justicia independiente.

Conocida la nómina de postulantes a los cargos vacantes, entendemos que es necesario elegir aquellos que reúnan las mejores condiciones conforme sus antecedentes, formación académica y, fundamentalmente, coherencia en su carrera profesional o judicial en el respeto de los derechos humanos, no siendo suficiente la formación o la sola declamación de los mismos. 

Será fundamental analizar con esos parámetros su experiencia y accionar diario. 

A la fecha, el STJRN se ha caracterizado por contar entre sus integrantes, salvo algunas excepciones, con profesionales ligados mayoritariamente al ámbito del Derecho, Civil, Comercial, o Administrativo relacionados con el derecho de propiedad, la actividad comercial o la estructura y regulación de la relación del Estado y los particulares. 

Es hora de incorporar la mirada de los Derechos sociales (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-) como elemento necesario para humanizar la mirada de la justicia haciendo realidad la vigencia de los derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución desde la reforma de 1994.

Esto significa nada más y nada menos que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación, el derecho a trabajar y el goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias como el derecho a la seguridad social. 

Estos derechos deben ser obligatoriamente respetados por el Estado y, por lo tanto, por sus tres poderes.

Queremos un Superior Tribunal de Justicia que bregue activamente por la vigencia de los Derechos Humanos y que tenga en cuenta que quienes sufren su falta son los sectores más vulnerables, como los desocupados, los trabajadores precarizados, los pueblos originarios, los sectores que padecen la pobreza y la indigencia, los detenidos en condiciones indignas de detención que pertenecen generalmente a ese sector y, que demuestre que es este un aspecto que el poder Judicial está dispuesto a no considerarlo normal, como la violencia que esa carencia provoca.

Estos sectores vulnerables no solo requieren auxilio en la pandemia actual, sino que son parte de una pandemia social que ha permanecido invisible para una parte importante de la población. 

Se necesitan jueces imparciales pero no neutrales frente a la violación de los derechos sociales, es decir, de los derechos esenciales, de los derechos humanos. 

Esa conducta y experiencia diaria, más que intelectual, es la que exigimos de los postulantes. 

Quizá la elección como está planteada en nuestra Constitución impide conocer suficientemente las propuestas, la historia, como también la coherencia de cada uno de los concursantes con anticipación. 

Más aún, está ausente el control directo de los justiciables de los ciudadanos de la jurisdicción a la cual pertenece el postulante y que recibirán la justicia que el mismo le imparta. 

Es necesario buscar un canal para que dichos ciudadanos también se expresen sobre el concepto, la historia y la coherencia de los postulantes con sus promesas o antecedentes académicos, además de la participación de los sectores corporativos relacionados con la justicia. 

Es el momento para comenzar a cambiar y que se entienda que la defensa efectiva de los derechos humanos no es una cuestión partidaria, sino una obligación de nuestro Poder Judicial, para que los ciudadanos rionegrinos vuelvan a confiar plenamente en la Justicia. 

Si los postulantes no reúnen dichos principios, valdrá la pena insistir hasta que aparezcan quienes los tengan y los puedan llevar adelante.

De esta manera cumplimos con nuestra consigna de Memoria, Verdad y Justicia.