La Cámara Federal de General Roca habilitó la instancia de casación para dar curso al trámite que intentó la defensa contra la resolución que habilitó la participación como parte querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Consideraron los jueces que "en la tarea de analizar la admisibilidad del remedio casatorio, considera este cuerpo que al dirigirse contra una resolución que confirmó la incorporación al proceso de una nueva parte acusadora, esa sola circunstancia resulta asimilable, por sus efectos, a aquellas a las que alude el artículo 457 del Código Procesal Penal en cuanto señala que puede dirigirse el recurso de casación 'contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones', por lo que deberá ser concedido y, además, este ha sido el criterio que ha guiado las decisiones de esta alzada en su conformación natural". 
Luego agregaron que "distinta es la conclusión a la que se arriba en relación con el agravio vinculado a la arbitrariedad de la sentencia, puesto que el pronunciamiento que se cuestiona… no resulta infundado ni presenta una fundamentación defectuosa en tanto brindó adecuada respuesta a todos los planteos introducidos de conformidad a las razones que allí se expresaron, circunstancia que determina, conforme al criterio del Alto Tribunal, que la situación de excepción invocada carezca de sustento”.
En definitiva, resolvió la Cámara "conceder el recurso de casación deducido por la defensa de Francisco Javier Pintos".