Sergio Fabián Aravena y Jésica Iturra aceptaron su responsabilidad incluso antes de que el caso avance a la formulación de cargos. Habían atado de pies y manos a un abuelo de 82 años, y lo habían dejado encerrado en una precaria casilla de madera en la que lo encontraron en paupérrimo estado.

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Sergio Aravena (24) había sido detenido en las últimas horas, a partir del hallazgo de Ricardo Espinoza de 82 años, encerrado en un cuarto precario adosado a la vivienda en la que residía junto a su pareja Jésica Iturra (29) y sus tres hijos. Iturra, por su parte, había sido demorada, pero llegó a la audiencia en libertad. La mujer dio a luz apenas quince días atrás.

Los fiscales César Lanfranchi y Marcos Sosa Lukman arribaron a un acuerdo inmediato con los acusados y el defensor oficial Marcos Miguel, incluso antes de que el legajo penal abierto llegara a la instancia de formulación de cargos.

Según describieron, Aravena enfrentaba un proceso judicial por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, justamente contra su pareja, Iturra. Se trata de un hecho que ocurrió el 29 de diciembre de 2019 en el interior del domicilio que comparten, en el Oeste de la ciudad.

En la ocasión, luego de una discusión, Aravena agredió físicamente a Iturra y luego se valió de un trozo de vidrio y de un cuchillo para intimidar a la mujer y amenazarla. Ella sufrió lesiones de carácter leve.

Además, en el marco de otro legajo, se les imputó a los dos nombrados los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por violencia y en la persona de un individuo que requiere cuidado particular y, además, el delito de abandono de persona.

Según la imputación, ambos residen en una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 21 de Avenida Bustillo, junto a sus tres hijos y Ricardo Espinoza, un hombre de 82 años de edad y discapacitado, del que los dos acusados son sus cuidadores convivientes.

En la jornada de ayer, a partir de que los vecinos escucharan quejidos en el interior de una precaria construcción contigua a la vivienda, se convocó a la policía y hallaron al anciano en un estado deplorable.

Había sido atado de pies y manos con cables y encerrado en la habitación, que se describió como una tapera, sin servicios básicos y piso de tierra.

Aravena e Iturra, tras encerrar al abuelo allí, se retiraron del domicilio y permitieron que los vecinos hallaran al anciano en esa condición, de modo fortuito.

Los fiscales describieron que se colectó una gran cantidad de evidencia para sostener la imputación contra los acusados y señalaron que Espinoza, además, presentaba marcas y lesiones en varias partes de su cuerpo, con sangre coagulada y evidencia de haber sido blanco de agresiones en los últimos diez días.

También revelaron que la situación del abuelo estaba por ser analizada en dos expedientes recientemente abiertos en el Juzgado de Familia, aunque aún no se habían adoptado medidas.

Subrayaron los fiscales que Iturra y Aravena cobraban una pensión que le correspondía a Espinoza y que, además, los vecinos creían que otros integrantes de la familia del anciano aportaban dinero para la manutención de Espinoza.

La fiscalía propuso la realización de un acuerdo pleno de juicio abreviado, reclamando una condena de dos años de prisión en suspenso para Iturra y de tres años de prisión en suspenso para Aravena. Además, la fijación de pautas de conducta de rigor.

Además, se narró en la audiencia que Espinoza fue internado en el Hospital Zonal y que su destino será definido en el marco de los expedientes que tramita el Juzgado de Familia, en conjunto con la participación de la defensoría de incapaces.

El acuerdo pleno de juicio abreviado, resuelto a menos de 24 horas de descubierto el hecho, permitió a los acusados evitar una posible pena de prisión efectiva, resolviendo en definitiva una condena que, sujeta al cumplimiento de las pautas de conducta, evitará que sean encarcelados.

Es que, para ambos, los delitos atribuidos tienen una escala penal que va de los dos a los seis años de prisión. El abandono de persona contempla que “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”, mientras que la privación de libertad el Código Penal especifica que “se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular”.

El juez Gregor Joos, que homologó el acuerdo alcanzado, destacó en su alocución la rápida resolución del caso, que surgió a partir del arduo trabajo conjunto desplegado por fiscalía y defensa en el lugar de los hechos. “Esto facilita el trabajo de justicia” y agregó que “la economía y la celeridad procesal son importantes”.