Federico Ariel Aguilar se declaró culpable en el marco de un juicio abreviado y resultó condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, bajo los cargos de robo simple y robo agravado por el uso de arma blanca. En ambos casos lo atraparon y no logró consumar los despojos, por lo que quedaron en grado de tentativa.

El primero de los hechos que le atribuyeron ocurrió el día 6 de diciembre de 2019 en horas de la madrugada, cuando forzó la ventana de una cervecería ubicada en el Paseo de la Colina, sobre calle 20 de febrero y se apoderó de dos botellas de whisky, además de varios tickets para consumir bebidas en el lugar, y se dio inmediatamente a la fuga.

Sin embargo, el registro de las cámaras de seguridad permitió detallar sus movimientos y características fisonómicas, además de la presencia de otra persona que le prestó colaboración en la parte externa del local.

Pocos minutos después del hecho, personal de la Comisaría Segunda del Centro Cívico lo ubicó en la intersección de las calles Libertad y España junto a un menor de edad. Al identificarlos y requisarlos notaron que llevaban en su poder los tickets previamente aludidos.

El segundo hecho que le atribuyeron a Aguilar ocurrió el 28 de febrero de 2020, también en horas de la madrugada, cuando en la calle España, junto a un menor de edad, abordó a una mujer que acababa de estacionar su vehículo y se disponía a descender del rodado. Tras reducirla facilmente, al exhibir un cuchillo de importantes dimensiones, le sustrajeron la cartera y otros elementos, para escapar raudamente del lugar. Nuevamente, uniformados de la Comisaría Segunda del Centro Cívico comenzaron a perseguirlo por calle San Martín en dirección al Oeste y lograron detenerlo en su intersección con calle Salta, frente a un establecimiento hotelero.

Los dos hechos fueron encuadrados en las figuras de robo simple en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa. La fiscalía explicó en su alocución por qué en ambos casos consideró los hechos en calidad de tentativa y no como consumados, además de por qué no evaluó la aplicación de la agravante por la participación de un menor de edad.

En ese cuadro de situación, propuso la imposición de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de pautas de conducta durante el mismo tiempo, para el caso de que el acusado reconozca su participación en ambos hechos.

El defensor oficial Nelson Vigueras adhirió a lo solicitado por la fiscal Alejandra Bartolomé y sugirió a su pupilo que acepte la propuesta, requiriendo en ese sentido la homologación del acuerdo pleno de juicio abreviado que alcanzaron las partes.
El juez Marcos Burgos aceptó las condiciones planteadas en el acuerdo y señaló: "Los requisitos que se establecen como esenciales para que la sentencia sea válida, se encuentran reunidos", pues "se ha enunciado la composición fáctica que sustenta la acusación y su encuadramiento legal. La autoría como su culpabilidad se encuentra verificada con la prueba expuesta por la fiscalía, motivando los fundamentos de la acusación, más allá del expreso reconocimiento y aceptación de responsabilidad por parte del imputado. A su vez, el encuadramiento jurídico propuesto y aceptado se ajusta a derecho.

Conforme lo analizado precedentemente, la pena acordada por las partes y su modo de ejecución, aparece dentro de los límites legales y resulta posible el acuerdo".