Furioso por la aprehensión de su hijo y el secuestro de su vehículo por violación a la ASPO, roció combustible al puesto policial y amenazó con "quemar todo". Terminó preso, imputado y tuvo que conciliar para zafar. Pagó siete mil pesos como reparación y el dinero fue destinado a Bomberos Voluntarios de Comallo.

El hecho investigado había ocurrido el día 11 de abril de 2020 en el marco de un procedimiento realizado por la Policía Federal Argentina en la ciudad, como parte de los operativos realizados a fin de evitar la circulación de ciudadanos no habilitados para hacerlo en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

En esas circunstancias, el personal de la fuerza federal, concretó la aprehensión de un menor de edad que había incumplido el decreto 205/2020 y fue encontrado circulando por la ciudad sin la autorización correspondiente, frente al destacamento policial que está ubicado a metros de la rotonda que une la calle Pasaje Gutiérrez y la ruta Juan Marcos Herman.

Algunos minutos después, se presentó en el lugar el padre del menor, identificado como Daniel Oscar Inalef, portando un bidón en sus manos y en forma agresiva y mediante insultos, exigió la liberación de su hijo y la entrega de su vehículo, que había sido secuestrado por las autoridades.

Al escuchar la respuesta negativa del sargento primero que se encontraba a cargo del procedimiento policial, el padre del menor roció con combustible todo el frente de la garita del puesto de control, refiriendo a los gritos, "voy a quemar todo".

Frente a esto, rápidamente los efectivos policiales redujeron al sujeto y lograron su detención. A partir de entonces se lo vinculó a una investigación por los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia y violación su vez, del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la ASPO en el marco de la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19.

Así, tras la audiencia de formulación de cargos en la que el sujeto fue formalmente imputado, el expediente derivó a la Oficina de Conciliaciones (OMARC), en la que con acuerdo del defensor oficial Marcos Miguel, se arribó a una solución alternativa, debiendo el acusado abonar siete mil pesos en concepto de reparación económica, a ser destinada a una institución de bien público que la Oficina de Conciliaciones designe.

Así, varios meses después, el acusado presentó el comprobante de pago por la suma acordada, que finalmente fue destinada a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comallo y acreditó que dio por cumplimentado el acuerdo al que había arribado.

En consecuencia el fiscal Guillermo Lista se presentó ante el juez de Garantías para pedir la extinción de la acción penal por aplicación de un criterio de oportunidad y consecuentemente, se dicte el sobreseimiento definitivo del acusado, lo que en definitiva resolvió el juez de Garantías, Juan Pablo Laurence.